La seriedad con la que se abordó la cuestión del asfalto o pavimentación de calles es un ejemplo de esta afirmación. Dejando de lado tentaciones demagógicas, se estableció un mecanismo que reparte cargas y responsabilidades, para que la obra pública tenga al fin el sentido que siempre debería haber tenido: el de un emprendimiento sustentado en el esfuerzo de los propios vecinos.

El asfalto que se comience a poner sobre las calles capitalinas será ahora el fruto de un convenio previo que estipulará el cálculo del costo de la obra, la cantidad de metros lineales de cada frentista, la distribución de la carga que a cada uno le corresponde en función de esos principales elementos, y un beneficio de descuento de hasta 30 por ciento que aportará el Estado municipal para los vecinos.

Adicionalmente, se tendrá en cuenta de qué barrio se trata, pues generalmente cada barriada representa un promedio de estatus socioeconómico de sus habitantes. Así, un barrio “bacán” recibiría menos descuentos que uno de menos recursos. Habrá también una lectura más fina sobre las circunstancias de cada frentista, para no cometer injusticias en aras de una igualdad que paradójicamente puede producir desigualdad.

Por primera vez en Neuquén, hay un abordaje de la situación de obras elementales –como ciertamente son las de pavimentación- que las aparta de la demagogia política de emprender obras cuando hay plata, muchas veces sin ton ni son, y no hacer nada cuando las arcas están alicaídas, con el argumento de que es el Estado el que da, y también el que eventualmente quita.

Se recupera una noción importante: el Estado es consecuencia de la organización de los ciudadanos, y está al servicio de y no para servirse de.