Sobre casi 500 hectáreas de tierras fiscales, el municipio de Senillosa y el Ministerio de Desarrollo Territorial buscan encontrarle un perfil productivo a la localidad. Las tierras se ofrecerán en licitación pública en las próximas semanas, en parcelas que van desde las 25 a las 50 hectáreas sobre las que, además del pago a valor fiscal, se deberá proponer un proyecto productivo realizable en un plazo máximo de cinco años.

La presentación formal se realizó ayer en la sede de Cordineu, en el edificio que la Provincia y el Municipio comparten en el Paseo de la Costa. Allí, tanto el ministro Leandro Bertoya como el intendente Hugo Moenne coincidieron en la necesidad de encontrarle un perfil a una ciudad que depende en gran medida del empleo estatal y de los fondos que pueda girar el gobierno de turno.

La licitación de estas casi 500 hectáreas regadas por el canal grande de Arroyito es una parte de un plan mayor. Lo cierto es que, de concretarse los proyectos, la superficie en producción pasaría aproximadamente a 1.700 hectáreas. Lo confirmó el intendente, quien graficó las dificultades que arrastra la localidad en la materia. “Hoy, no sabemos a dónde vamos. Apuntamos a que vaya gente a invertir, a lograr un perfil productivo”, apuntó Moenne, quien detalló que las dificultades van desde los aspectos más básicos de la producción hasta otros más complejos, como la comercialización. “Nos pasa con los productores de cereza: después de la cosecha no saben qué hacer”, explicó.

Las tierras se dividen en 23 parcelas y se ofrecerán en un plazo de entre 45 y 60 días. Se priorizará, confirmó Bertoya, a quienes estén inscriptos en el registro de productores que desde hace un tiempo funciona en el Copade y que se conformó para definir perfiles en las ofertas de tierras: saber quiénes, en cada localidad, buscan terrenos para impulsar proyectos productivos.

Hasta el momento, en ese registro son 30 los inscriptos. Muchos de ellos solicitaron pequeñas parcelas de 2 hectáreas en Senillosa. “Con ellos vamos a priorizar a los productores locales y a quienes se asocien”, explicó Bertoya respecto de dos de los puntos que se analizarán al momento de ver las ofertas que se realicen.

Autolimitación

La licitación se enmarca en las condiciones que estableció en 2010 el Decreto 2029, según lo denominó Bertoya, “de autolimitación”, por el que los ofrecimientos de tierra se deben realizar en forma pública y abierta. “Este proyecto ofrece la tierra fiscal de un modo transparente”, dijo el ministro, que también destacó el carácter “técnico” y no “político” de la comisión que evaluará las ofertas.