Señalizaron un centro clandestino de detención de la última dictadura en San Isidro

Señalizaron un centro clandestino de detención de la última dictadura en San Isidro

En el lugar que hoy ocupa un complejo de oficinas, funcionó la ex "Casa del SIN (Servicio de Inteligencia Naval)”, residencia del Comandante en Jefe de la Armada y utilizado como centro ilegal de detención en coordinación con la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación identificó este jueves el lugar donde funcionara un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar.

Ubicado en Colectora Panamericana (mano hacia Capital) y Thames, donde hoy se erige un complejo de oficinas, fue construida en la década del '70 como residencia del Comandante en Jefe de la Armada Argentina y desde 1976 fue utilizado como centro ilegal de detención por parte del SIN, dependiente de la Armada, que operaba en conjunto con la ex ESMA.

Como en otros centros ilegales, la ex Casa del SIN fue utilizada para detener y torturar a hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical y al menos dos niños estuvieron también secuestrados allí durante el cautiverio de sus padres.

Del acto de señalización del predio participaron familiares e integrantes de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, así como partidos políticos y organizaciones sociales. 

La presidenta del Partido Justicialista (PJ) local, la diputada nacional Teresa Garcia, fue una de las oradoras y señaló que "San Isidro no es distinto, es parte de esta comunidad, esta provincia, esta nación donde miles de compañeros perdieron la vida luchando por lo que creían, luchando por la inclusión, por la democracia, las instituciones, por negarse a que les arrebataran los sueños. Por homenaje a ellos es que hoy acompañamos esta señalización" indicó.

La Casa del SIN fue demolida antes de finalizada la dictadura, en un intento por borrar las evidencias de los crímenes que allí se cometieron, y en democracia el predio fue cedido a la Municipalidad de San Isidro, utilizándose durante años como campo de deportes hasta que en 2009, la intendencia vendió el terreno a una empresa privada.

La decisión fue resistida por organismos de derechos humanos y sobrevivientes que acompañados por la Secretaría de Derechos Humanos lograron la intervención de la Justicia para que el lugar fuera preservado. A pesar de ello, la medida fue levantada en 2011, y se permitió que la empresa propietaria del predio construyera un edificio de oficinas. 

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