La nota está firmada por 32 legisladores que respaldan la mayoría con la que fue aprobada la iniciativa y reivindican la actuación del vicepresidente Julio Cobos, que avaló la sanción y giró el proyecto a Diputados.

"Rechazamos la solicitada en todos sus términos y recordamos a los gobernadores que ellos no son órgano de revisión de las decisiones legislativas que toma el Congreso de la Nación", es la frase con la que concluye el pronunciamiento, que reivindica la constitucionalidad de la votación del miércoles de la semana pasada.

En la solicitada, los mandatarios kirchneristas avalaron la postura del Poder Ejecutivo, que objeta lo actuado por el Senado por considerar que no alcanzó la mayoría calificada de la mitad más uno de miembros del cuerpo (37 votos, en el caso de la Cámara alta) que la Constitución exige para la sanción de iniciativas que modifiquen o creen asignaciones específicas.

Al respecto, el pronunciamiento de los legisladores expresa en su primer punto que "las leyes impositivas se aprueban por mayoría simple". El texto fue sancionado por 35 votos a favor y 33 en contra. "Con mayoría simple se devuelven los recursos a las provincias", agrega el texto.

El objetivo de la nota es responder a la solicitada que los mandatarios publicaron anteayer en un diario porteño. Es en ese sentido que en el tercer punto se asegura que la sanción del Senado "significa para las provincias argentinas entre 8000 y 10.000 millones de pesos más", razón por la cual exigen a los gobernadores que "expliquen en sus provincias por qué no necesitan" esos fondos.

Más aún, los senadores también rechazan que la votación haya sido inconsulta, tras lo cual recuerdan que "se hicieron convocatorias y se recibió en el Senado a los gobernadores que no tenían que pedir permiso para participar de las audiencias públicas".

Los legisladores también le dan un fuerte respaldo a Cobos. "El presidente del Senado actuó en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias", afirman los senadores, quienes recuerdan que el mendocino "fue elegido democráticamente por el pueblo argentino para cumplir el cargo que correctamente ejerce desde 2007".

Por último, el bloque opositor afirma que la coparticipación del impuesto al cheque no debería poner en riesgo la gobernabilidad, como sostiene el Poder Ejecutivo, "a menos que ese dinero se utilice con fines pocos transparentes", aclaran.