Específicamente, el escrito solicita: "Se tenga a bien cumplir con incluir en las grillas de programación de las estaciones de radio y televisión propiedad del Estado Nacional, productos audiovisuales relacionados y producidos por otras corrientes de opinión política, en igual proporción y forma, y horarios de similar audiencia, con que se difunden las actividades de la corriente de opinión política que encarna el Poder Ejecutivo Nacional".

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La solicitud no es solo para la señal de la "Televisión Pública" difundida por canal 7 de Buenos Aires, sino que incluye a todos los medios de gestión estatal, que suman alrededor de cincuenta difusoras entre radios y canales de televisión, a lo largo de todo el país.

Tampoco pretenden las legisladoras que se les otorguen espacios a ellas específicamente, sino que la medida apunta a que todo el espectro político no oficialista, en los distintos puntos del país, juegue en igualdad de condiciones con el kirchnerismo en cuanto a la difusión de sus ideas, informó el sitio Parlamentario.com.

A modo de prueba de la forma en que actualmente se manejan estos medios, Montero presenta a Tristán Bauer tres pedidos: en primer lugar, detallando uno por uno a todos los medios de gestión estatal del país, según reza el escrito "se solicita se giren Oficios a los siguientes medios de comunicación, para que manifiestan formalmente cuantos programas y/o espacios de opinión o formadores de opinión se emiten en sus respectivas grillas, asimismo se especifiquen los presupuestos y tiempos absorbidos por dicho espacios"; luego presenta como testigos para que den sus opiniones al respecto a los periodistas Jorge Lanata y Beatriz Sarlo, y finalmente solicita que "se realice una pericia contable y sea traída a este procedimiento, del presupuesto de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) afectado por el Programa de Opinión Política denominado 6,7,8 emitido por LS 82 Canal 7".