El kirchnerismo podría dar el debate en el Parlamento

El “bochazo” de Pérez y la experiencia chilena

Daniel Peralta - dperalta@losandes.com.ar

La minería se resiste a caer en el olvido o, para ser más correctos, hay quienes se resisten a que la minería quede en el olvido. Uno de estos es el senador Ignacio Ortigala (PJ), quien empuja el tema desde su banca. Ya se conoció el proyecto de creación de la empresa provincial de minería. Ahora salió del olvido otro proyecto de este legislador: la desadhesión a la ley nacional 24.196. Para los desprevenidos, hay que aclarar que esa norma es la que fija el tope máximo del 3% para el canon que deben pagar las empresas mineras por la extracción de minerales.

Fundamentos

Ortigala no se amilana ante el tema, por espinoso que sea. Dice que quiere abrir el debate, para el desarrollo de Mendoza. Así es que pone sobre la mesa las dos iniciativas. Ambas conforman un combo para mejorar la participación del Estado provincial en el negocio minero que se desarrolle en Mendoza.

El legislador jura que no lo sostiene ninguna empresa minera, pero relata que en su juventud trabajó en una mina. De aquellas épocas recuerda la convivencia en el yacimiento. “Los trabajadores son una comunidad. Ellos son los primeros en cuidar el ambiente”, asegura.

El proyecto en cuestión fue presentado en setiembre del año pasado. Fecha curiosa, puesto que un mes antes, el 24 de agosto de 2011, el entonces candidato a la gobernación del PJ Francisco Pérez, había enterrado la explotación en el yacimiento San Jorge, al norte de Uspallata.

En sus fundamentos dice que la ley nacional y su modificatoria (la ley 25.161, ambas conocidas como de promoción de la minería), han tenido escaso éxito, tanto en la creación de empleos directos e indirectos, así como la escasa incorporación de tecnología y en el desarrollo.

“Si bien la producción de minerales de primera categoría y particularmente de ellos, el oro y la plata aumentó, los mínimos impuestos fijados en dicha legislación no han reportado a la Nación los beneficios equitativos, acordes a las fabulosas ganancias de las empresas explotadoras de minerales”, dice Ortigala en sus considerandos y con estos argumentos justifica la necesidad de que Mendoza rompa su adhesión a esas leyes, para que pueda poner un porcentaje mucho mayor al 3% en concepto de canon.

Conformación

El articulado del proyecto es breve. Apenas un artículo dejando sin efecto las leyes 6.090 y la 7.024, que son las que sumaron a Mendoza en el régimen nacional de promoción de la minería; otro artículo que ordena la comunicación al Ejecutivo y el tercero de forma. Pero con eso basta para conformar el combo con el otro proyecto, el que apareció en el tapete con el debate por la empresa provincial de energía: La creación de la Empresa Minera Provincial Sociedad Anónima (Empsa).

Esa empresa, como la de energía, sería una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (conocidas como sapem). Empsa tendría, en caso de aprobarse, la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre toda el área provincial que no esté sujeta a permisos o concesiones o bajo el régimen de reserva natural protegida.

El capital accionario estará conformado por acciones clase A, que alcanzarán el 61% en manos de la provincia; el 20% serán de clase B y estarán en manos de los municipios; y las clase C destinadas a los privados, con un 19% del total de las acciones.

El esquema de propiedad de la empresa es igual al de la empresa de energía recientemente aprobada, incluso en la limitación de que ninguna persona física o jurídica podrá comprar más del 5% del total de las acciones que se oferten en cada oportunidad; así como tampoco podrán comprar acciones quienes sean concesionarios de servicios públicos en la provincia.

El directorio estará conformado por siete directores de las acciones clase A y dos de la Clase B. Lo llamativo es que en esos nueve puestos del directorio, Ortigala imagina que hayan un representante de las organizaciones ambientalistas.

Otra disposición llamativa de esta empresa minera que propone Ortigala es que, de aprobarse el proyecto como está, haya una silla en el directorio en representación de los municipios no mineros y otro lugar para un experto en inversiones mineras de nivel internacional.