Para el senador radical Gerardo Morales, los ejes que cruzan el problema de los asentamientos son, por un lado, “la necesidad de la coordinación de los distintos niveles de gobierno para concretar políticas de tierra y vivienda, de combate contra la pobreza y la xenofobia y garantizar el cumplimiento de las leyes”.

Tras advertir que lo sucedido en Villa Soldati “es un problema que nos termina explotando en la cara a toda la sociedad y especialmente, a la política”, opinó que “nos debemos parar en un lugar de profunda reflexión y, tal vez, ahí deberíamos realizar un autocuestionamiento de la política, para definir cuál es el camino a seguir frente a esta descripción que todos hemos compartido y a los problemas que generan la falta de vivienda y la pobreza en el país”.

Senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy).

Senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy).

“Aquí lo importante no es quién gana o quién pierde. Creo que Macri, el gobierno de la Ciudad, ni el gobierno nacional ganaron nada. Me parece que lo que sí está claro es que, cuando se dan estas situaciones, la que perdió es la gente, el pueblo, cuando hay vecinos o, inclusive, barrios FONAVI donde viven dos o tres familias en una misma casa. Eso es así porque se casa uno de los hijos y no tiene dónde vivir, por lo que se ubica en una habitación; al tiempo, se casa la hija y ocupa otra habitación, por lo cual se da la situación de que conviven tres familias en una sola vivienda. Esto es lo que pasa en la zona sur de la Capital Federal y en todo el país”, destacó Morales.

Más adelante, indicó que a los que “venimos del Norte, no nos van a contar cómo es esta historia, ni de qué manera, desde hace veinte años, afrontamos este problema estructural de la pobreza. Y no hay peor forma de encarar una solución a la pobreza y a la falta de vivienda, de techo digno –subrayó- que a través de la confrontación de la política con la política”.

El legislador explicó que en Jujuy se creó una Comisión Provincial de Asentamientos, que integran miembros designados por el Gobierno provincial de cada una de las reparticiones involucradas en el problema y por diputados de la oposición. “Además –dijo- siempre hay un referente de la Municipalidad, porque este es un tema que tiene que ser abordado por la política, ya que si hay acuerdo en la política, hay acuerdo de garantía institucional. El municipio y el gobierno provincial tienen que estar trabajando conjuntamente. En este tema, no puede existir la más mínima intención de sacar una ventaja política, porque de esa forma siempre pierde la gente”, resaltó.

“Una cuestión que discutimos cuando integramos esta comisión provincial fue, primero, el problema del país, que creo que es el debate que nos tenemos que dar de cara al tema de la pobreza. Esto tiene que ver con los desafíos de la Argentina que viene; y nosotros creemos que esos desafíos se deben orientar hacia el trabajo digno, el trabajo decente”, expresó.

Luego agregó que el desafío de la Argentina que viene “es ver de qué manera vamos mutando los programas sociales y los programas de ingreso en soluciones concretas de trabajo digno y decente, porque la garantía del arraigo no sólo está en la tierra, en darle un lote a la gente sino, también, en garantizarle un trabajo digno. Por eso, me parece que el desafío para los próximos 10 años, creciendo el mundo y creciendo la República Argentina y la región, está en garantizar un trabajo digno para la gente. Y en un escenario en el cual el 40 por ciento de la población argentina tiene trabajo informal o no lo tiene, no alcanza con una política de vivienda o de créditos hipotecarios para los trabajadores formales, porque hay muchos argentinos –el 40 por ciento– que no pueden acreditar un sueldo y, por lo tanto, no pueden ir a un programa de vivienda”, observó.

“Esto, en Jujuy, nosotros lo visualizamos en la década del 90, y nos dimos cuenta de que había que trabajar no sólo en la línea de los programas de vivienda a través del FONAVI, que es el programa formal, sino también en el tema de los lotes. Hay familias que no tienen trabajo o que tienen un trabajo informal, a las cuales un lote de 6 por 10, de 8 por 10, de 8 por 15 o de 8 por 16 les resuelve el problema, obviamente, más aún si hay título de propiedad en el programa de tierras. Y esas familias, por más pobres que sean, están dispuestas a pagar, porque ellas mismas piden pagar una cuota de 10 o 15 pesos por un lote, en la medida en que tengan título de propiedad. Entonces, la manera de afrontar este tema es teniendo políticas sociales en las que estén en coordinación todos los niveles del Estado y, también, el Poder Judicial, porque debemos ponernos de acuerdo en que no puede ser que una orden judicial de un juez competente no se cumpla. Tienen que ser políticas activas, políticas sociales y políticas de tierras fiscales con presupuesto”, aclaró el senador.

Más adelante reveló que en Jujuy hay actualmente 10 mil personas en asentamientos y aseguró que “este es un tema recurrente, permanente, que no termina nunca; porque lógicamente, los chicos crecen, se casan, no tienen empleo y se quedan en la casa con sus familias. Por lo tanto, la necesidad de tener un plan de crecimiento urbano para cada una de las ciudades del país es fundamental. Yo no sé cuál es el plan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se ve que le revienta en la cara, porque le vino un baño de realidad sobre una situación que le tiene que llamar la atención y que está ocurriendo en el sur de la ciudad. Esto –opinó- ha demostrado una falta de política pública por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta materia. Hemos visto desde la política, sin tener responsabilidad concreta de gobierno en la ciudad y en el gobierno nacional, que ha habido inoperancia, ausencia de políticas, por parte del Gobierno de la Ciudad y una gran irresponsabilidad por parte del gobierno nacional. La mejor manera de abordar este tema es la política, el acuerdo, el diálogo”, insistió.

Por otro lado, Morales trajo a colación la situación de un asentamiento instalado en tierras del Ingenio La Esperanza, donde –dijo- viven 800 familias. “Venimos trabajando con una gran responsabilidad desde el Gobierno provincial, el Radicalismo y el Peronismo, que todavía somos partidos políticos que tenemos control territorial. Entonces, cuando salió la orden de desalojo hace tres semanas, fuimos a hablar con el gobernador y, a través del control territorial, conformamos una comisión de estas familias, con ocho delegados. Así, los recibió el ministro de gobierno, el gobernador se puso enseguida en el tema, desde la oposición se hizo lo propio y otras organizaciones sociales también actuaron del mismo modo”, explicó.

Señaló que el problema es que “hay una movilidad social que genera un recambio de los liderazgos de la base y, en muchas provincias y en muchas zonas urbanas del país, la política ha perdido control territorial, porque estos nuevos liderazgos generan la irrupción de una nueva institucionalidad. Ahora, desde el Gobierno, hay que tener un control de quiénes son los nuevos líderes, tanto los buenos como los malos. Lo que se suma en la Capital Federal y en el conurbano bonaerense el tema de la droga y el narcotráfico. Por lo tanto, se necesita tener políticas públicas activas no sólo para resolver el problema de la tierra, de llevarles servicios y políticas para ayudarlos con programas de mejoramiento barrial, sino también para paliar la cuestión de la inseguridad”.

En la ciudad, expresó Morales, “se tienen que acostumbrar a poner en marcha programas de asentamiento y programas que no sólo tengan que ver con los créditos bancarios o viviendas a través del FONAVI, sino también programas de arraigo. Esto se debe al crecimiento vegetativo y porque hay que tener un plan que contemple hacia donde crece la ciudad”.

Para Morales, ante las ocupaciones “hay que ir inmediatamente con política y con la ley, sin discriminar, garantizando soluciones, evitando que haya una orden judicial, pero hay que garantizar el cumplimiento de la ley y hay que tener políticas activas. Creo que esta es la reflexión que nos deja este hecho”.

Finalmente consideró que el debate “es la lucha contra la pobreza; es la ausencia de políticas que miren cómo está la estructura de trabajo formal e informal en el país. Nuestro desafío a futuro es el trabajo decente. Creo que en los próximos diez años, debemos ponernos de acuerdo en que la mejor manera de inclusión la constituye el trabajo, garantizando la educación, para que la escuela pública vuelva a ser la escuela para todos y no la escuela para pobres, como es ahora, que ha perdido hasta capacidad de lobby”.

El legislador habló en estos términos en la última sesión de la Cámara Alta, al tratarse una declaración de repudio a los hechos de violencia ocurridos en Villa Soldati.