Por un plazo determinado, que serían tres meses, se suspendería el tiempo de caducidad de los juicios civiles porque muchos de ellos corren el peligro de archivarse por inactividad en el proceso. Esa norma temporal sería aprobada en los próximos días por la Legislatura, a pedido del Colegio de Abogados y de la Federación, debido al conflicto salarial de los empleados judiciales que ha resentido el servicio de justicia desde mediados de mayo.

El primer paro de los judiciales, por aumento de sueldo, se hizo el 18 de mayo pasado y desde ese día hasta la feria judicial, que empezó el 10 de julio, las jornadas de huelga fueron sucesivas. Pero, aunque la Suprema Corte declaró muchos de esos días como inhábiles, los abogados consideran que igualmente los juicios están en problemas porque si los procesos judiciales están frenados y pasa el tiempo (de 6 meses a un año, de acuerdo al tipo de juicio), se produce la caducidad de instancia, es decir que se considera que no hubo "interés jurídico" en su continuidad.

Emergencia

En ese sentido, el Colegio y la Federación de Abogados presentaron en la Legislatura un proyecto para declarar "la emergencia judicial". Aunque la expresión podría ser remplazada por el oficialismo, el objetivo de la asociación se cumplirá.

"Pretendemos que, por un plazo, se suspenda el artículo del Código Procesal Civil que establece la caducidad de los procesos judiciales. Nosotros consideramos que si esto no sucede, podrían caer muchos juicios, lo que podría afectar a nuestros representantes que son los abogados y a las partes", explicó Víctor Ibáñez, abogado constitucionalista, quien presentó el proyecto en el Senado en representación del Colegio de Abogados. Lo que pretende la entidad es que desde el 18 de mayo y por 90 días, se frene el período de caducidad.

Es decir que se suspenda el artículo 78 del Código Procesal Civil que dice: "Caducará la instancia si no se impulsare su desarrollo, dentro de un año a contar desde la última actuación útil a tal fin, que conste en el expediente. En segunda o ulterior instancia y en la Justicia de Paz, el plazo de caducidad será de seis meses. En estos plazos no se excluyen los días inhábiles".

Para frenar la aplicación de este artículo del Código, se requiere de una ley. Por eso, el jueves Ibáñez se reunió con los senadores oficialistas Miriam Gallardo (quien como presidenta Provisional del Senado impulsó formalmente el proyecto), Fernando Simón y Claudia Torres. Es probable que el proyecto sea tratado en los próximos diez días. "Vemos razonable la suspensión de los plazos de caducidad, pero lo discutiremos con los otros bloques", advirtió Gallardo.

Según pudo saber Los Andes, al oficialismo no le gusta la expresión "emergencia judicial" porque considera que la Provincia no está en emergencia. Si bien la Justicia ha disminuido notablemente su servicio, no se ha visto del todo paralizada por las protestas de los empleados. Pero, además, porque desde lo político implica un estado de crisis. Sin embargo, desde lo técnico, la emergencia se declara cuando por un tiempo se va a incurrir en una conducta excepcional, como es el caso.

Mientras este proyecto se discuta en la Casa de las Leyes la semana que viene habrá un nuevo capítulo en el conflicto entre los empleados judiciales y el Gobierno, esta vez con las gestiones de buenos oficios que ofreció (y fue aceptada) la Iglesia Católica. Desde el Colegio de Abogados tomaron distancia de esa situación. "Nosotros no discutimos ese tema; sólo defendemos los derechos de nuestros representados", completó Ibáñez.