La iniciativa presentada por el renovador Raúl García generó un tenso intercambio de acusaciones entre bancada opositora que consideró que la bancada justicialista había obedecido a una orden, y la propia bancada oficialista, que argumentó que nadie sabe dónde está la oposición.

"Yo sé que íntimamente muchos legisladores están de acuerdo conmigo. Pero ha llegado la orden, no sé de dónde, de rechazar el proyecto", se lamentó García, después de escuchar el aviso de que su proyecto iba a ser rechazado.

En diciembre, cuatro de los cinco integrantes de la Auditoría Genera de la Provincia deben ser renovados, y la bancada renovadora pretendía una modificación a la ley que creó ese organismo de control, que sólo dispone que dos miembros sean representantes de la oposición.

El proyecto rechazado ayer fijaba en tres -sobre cinco- esa representación. Pero además otorgaba a los auditores un año de plazo para concluir sus informes desde el momento en que se iniciaba el expediente y fijaba un nuevo procedimiento de selección de los integrantes.

Gustavo Sáenz fue uno de los legisladores oficialistas que fundamentó el rechazo de la iniciativa. Dijo que le gustaría que todos los organismos de control estén integrados por opositores, pero resaltó que ahora "no sabemos quienes se oponen". Y entre los ejemplos llegó a mencionar al del propio presidente del PJ, "que apoya a otras fuerzas".

Otro fue el argumento del jefe de la bancada oficialista, Alfredo Jorge. Dijo que una Auditoría con mayoría opositora sólo pondría palos rueda. "Sabemos en qué terminarán las Cuentas Generales que mande el Ejecutivo".

Dado ya por perdido su iniciativa, García dijo que el rechazo del proyecto sólo tenía un motivo sepulturero. "La de enterrar bajo tierra el manejo de los recurso de la gente".

El proyecto se rechazo en votación nominal por trece votos justicialistas contra siete de la bancada renovadora y de la radical Silvina Vargas.

Salta Forestal

Menos conflicto provocó el tratamiento del proyecto para "reconducir" la empresa Salta Forestal, que ya había sancionado la Cámara de Diputados. Una medida impulsada por el Ejecutivo con el argumento de que servirá para administrar treinta mil hectáreas que había devuelto la empresa Agropecuaria Cervera.

La empresa se había comenzado a liquidar cuando en los años noventa -con apoyo justicialista- se la había declarado sujeta a privatización. En 2001, Juan Carlos Romero le concedió más de doscientos mil hectáreas a Ecodesarrollo, una empresa de Alfredo Olmedo, que luego subdividió con Agropecuaria Cervera.

La medida sólo tuvo la abstención de Ernesto Aguilera, aunque la renovadora Elsa Catalina Ponna, dijo que por el momento la empresa Salta Forestal serviría para localizar a cerca de 90 pastajeros de la zona. "Pero hasta el momento no hay ningún proyecto productivo", se lamentó.