El expediente tiene preferencia para su tratamiento en la sesión de hoy y llega con media sanción proporcionada por la Cámara de Diputados. En caso de que el Senado también avale el proyecto, el mismo se convertirá en ley.

Las modificaciones al accionar de la Fiscalía de Estado fueron propuestas por el Ejecutivo provincial en febrero pasado cuando remitió el proyecto. El mismo prevé que se deje en claro que los abogados de este cuerpo no pueden reclamar honorarios al Estado (sólo su remuneración); que se establezca con certeza el cómputo del plazo para recurrir las medidas cautelares, suspensiones de los efectos de los actos administrativos y las medidas autosatisfactivas dictadas contra el Estado provincial; y el cambio del órgano responsable de las ejecuciones fiscales.

Esta última es la modificación que más enfrentó a los diputados y la que encuentra diferencia en las apreciaciones de los senadores. En ella se busca que los juicios de apremios por cobro de los tributos, multas y sus accesorios, cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia, queden en manos del Ministerio de Hacienda en detrimento de la Fiscalía de Estado.

Actualmente la Provincia tiene iniciados unos 18 mil juicios de apremio, todos en el Juzgado Civil y Comercial Nº1, a cargo de Daniel Borches, que tiene la especialización tributaria.

El oficialismo, propulsor de la propuesta, podría contar con el número necesario para aprobar el proyecto con el respaldo de los liberales, la justicialista Susana González y del nuevista Jorge Simonetti. Este último ya adelantó que acompañaría la iniciativa. En la vereda de enfrente se pararían los otros dos senadores peronistas y los legisladores radicales del bloque Leandro N. Alem.