En el Gobierno hay clima de máxima preocupación por la posibilidad de que la aprobación lo obligue a utilizar el veto. Los radicales afirman que tienen los votos para sacarla. Las negociaciones en marcha.
La prueba de fuego será el próximo miércoles, en el Senado. Para esa fecha está convocada la sesión, previo acuerdo de todos los bloques, y por estas horas hay intensas negociaciones. El arco antiK dice contar con 37 votos –entre ellos, de dos de legisladores K– para ratificar la media sanción que viene de la Cámara de Diputados y en el oficialismo admiten un escenario “ajustado”.
“Tenemos el número para aprobar el proyecto, pero lo más complicado va a ser reunir el quórum”, dijeron a PERFIL desde la bancada radical. Es que el Frente para la Victoria se comprometió a fijar el cronograma para llevar la iniciativa al recinto, pero tras el recambio parlamentario delegaron la “construcción de quórum” en manos de los opositores. En el Senado, la mitad más uno de los miembros necesarios para habilitar la sesión es de 37.
En un escenario de absoluta paridad y mayorías volátiles, nadie se arriesga a vaticinar un resultado. El conglomerado opositor –que reúne a la UCR, el PJ Federal, el socialismo y la Coalición Cívica– cuenta entre sus principales logros haber arrebatado, según sus cálculos, la voluntad de dos senadores oficialistas. El primero es el chubutense Marcelo Guinle, que comenzó un gradual despegue de Balcarce 50 y selló un acuerdo con el gobernador de su provincia, el peronista disidente Mario Das Neves. El otro que apoyaría la norma opositora es el mendocino Rolando Bermejo, que transmitió a sus interlocutores en la oposición que dará el visto bueno.
“Tenemos un gran entusiasmo, puede haber sorpresas”, dijo a PERFIL, muy positivo, el radical Alfredo Martínez, titular del comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se tramitó el proyecto. En el último mes realizaron tres audiencias en el interior y juntaron firmas para dar impulso al debate.
Siempre decisivos y pendulares, los pampeanos Carlos Verna y María Higonet se encolumnarían con la oposición. Y también lo hará la usual aliada del oficialismo, la ex frepasista rionegrina María José Bongiorno. El martes, un grupo de opositores tiene agendada una cumbre con el radical correntino José Roldan, que hace un mes se manifestó en contra argumentando que “no se puede financiar”. En cambio, sus correligionarios atribuyen la voltereta a la inquina del legislador por la decisión del comité de la UCR de intervenir el partido en su provincia.
Entre los que aún no han expresado públicamente su voto están Horacio Lores –que responde al gobernador Jorge Sapag, del Movimiento Popular Neuquino– y los fueguinos José Martínez y María Rosa Díaz, que reportan a la mandataria del ARI Fabiana Ríos. Este trío suele acompañar al kirchnerismo en el recinto y es probable que lo haga esta vez, a pesar de que todos presentaron proyectos, aunque más moderados, para alcanzar el 82 por ciento móvil. Convertido en un enigma, nadie sabe qué hará Carlos Menem, que con sus habituales ausencias benefició al Gobierno.
Pasado mañana se reunirá el bloque oficialista. Será el primer encuentro después de los chispazos por la ley anti minería. El gobernador de San Juan , José Luis Gioja, fue uno de los principales escuderos en contra de la legislación que restringe la actividad y no ocultó su malestar por la falta de apoyo del Gobierno. Esa rencilla parece solucionada después de su visita a Olivos.
La conducción del bloque K, buscó bajar el tono. “Hay cohesión”, dijeron a PERFIL, aunque reconocieron que habrá final abierto. Desde la Casa Rosada hubo llamados para cosechar votos: esa propuesta –que subiría el piso jubilatorio de $ 1.046 a $ 1.509 en enero– no es sustentable e implicaría un costo de $ 40 mil millones anuales. Por eso, si hay ley, habrá veto.







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