A contramano de las advertencias de las entidades periodísticas y empresarias y de las fuerzas de la oposición sobre la afectación al derecho constitucional a la libertad de prensa, la mayoría oficialista del Senado se apresta a sancionar hoy la ley que declara de interés público la producción y comercialización de papel para diarios.

El comienzo de la discusión está previsto para las 14, cuando la Cámara alta retomaría la sesión que pasó a cuarto intermedio en la madrugada de hoy, tras más de 12 horas de debate en las que aprobó diez leyes (como se informa por separado). La maratón legislativa concluirá con la aprobación del proyecto que impone límites a la venta de tierras aptas para cultivo a manos extranjeras.

Si bien el kirchnerismo ya tendría asegurado 38 votos para alcanzar la sanción de la regulación del mercado de papel para diarios, deberá enfrentar un extenso debate por parte de los representantes de la oposición, que rechazan de plano la iniciativa.

Se trata de un controvertido marco regulatorio que le otorga al Estado una fuerte injerencia en el manejo y la administración de uno de los insumos básicos para los diarios y, por lo tanto, uno de los pilares en los que se sustenta la libertad de prensa.

El proyecto se enmarca en la creciente ofensiva de la Casa Rosada contra los medios de comunicación que no responden a la línea oficial, la cual se ha agudizado en los últimos días con el intento de intervención judicial de Cablevisión (empresa del Grupo Clarín ) y el pedido del Gobierno para reactivar la causa sobre la supuesta adquisición ilegal de la empresa Papel Prensa.

En los hechos, el proyecto está destinado a poner presión sobre esa empresa, cuya propiedad es compartida por Clarín, La Nacion y el Estado, obligándola a cumplir metas de producción que establecerá el Ministerio de Economía, autoridad de aplicación de la norma.

Este escenario se complementa con la facultad a la autoridad de aplicación para apelar a la Justicia con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de sus metas y un paquete de sanciones que podrían derivar en la confiscación de la empresa si no cumple con lo dispuesto por la autoridad de aplicación, es decir, por el Estado.

"Si el Gobierno quiere quedarse con Papel Prensa, por qué no lo dice de frente y la expropia", se quejó el senador Jaime Linares (FAP-Buenos Aires). "Lo que el kirchnerismo quiere es cambiar un supuesto monopolio privado por uno estatal", agregó Gerardo Morales (UCR-Jujuy).

La iniciativa también mereció la queja de la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación Empresaria Argentina ( AEA ) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), entre otras, a las que se sumaron entidades de países de América latina defensoras de la libertad de prensa (ver aparte).

La ley de tierras

El final de la maratón legislativa será con el debate del proyecto sobre limitación a la extranjerización de tierras.

El texto encuentra respaldo en la oposición, aunque con algunas disidencias con parte de su articulado. No obstante, para algunos senadores, como Mario Cimadevilla (UCR-Chubut), la futura norma podría ser declarada inconstitucional.

En lo sustancial, el proyecto limita al 15% del territorio nacional la porción de tierras ubicadas en zonas rurales que podrán ser adquiridas por personas físicas o jurídicas extranjeras. Además, establece un tope de 1000 hectáreas la posesión de ese tipo de tierras en una misma zona.

RADIOGRAFIA

Dimensiones . Papel Prensa produce anualmente 175.000 toneladas de papel para diarios y abastece con ese insumo a 440 diarios de todo el país, incluidos varios medios alineados con el Gobierno.

Importación . En la Argentina se consumen 225.000 toneladas de papel por año, que se satisfacen con papel nacional y, también, con papel importado. Hoy el arancel de importación es cero: se puede importar libremente.

Ofensiva . El proyecto del oficialismo fortalece la injerencia del Estado en el mercado de papel de diarios y obliga a Papel Prensa a operar al pleno de su capacidad y ejecutar un plan de inversiones cada tres años para satisfacer la demanda interna. Si no lo pudiera cumplir, el Estado podría realizar los aportes necesarios para acrecentar su participación accionaria en la empresa.

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