Con el apoyo unánime del oficialismo y de todos los bloques de la oposición, el Senado aprobó ayer en general un proyecto de ley para garantizar el derecho de libre acceso a la información pública. Pero antes de ser girada a la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser tratada en particular, el 30 del actual, debate en el que, se prevé, pueden surgir diferencias entre las bancadas.

El proyecto se aprobó tras habilitarse su tratamiento sobre tablas, mientras en Diputados avanza, en paralelo, una iniciativa similar que cuenta con dictamen de mayoría.

Esta descoordinación entre ambas cámaras del Congreso podría convertirse en un obstáculo para la sanción de la ley, según reconocen los impulsores de la iniciativa en Diputados y en el Senado.

El libre acceso a la información pública es un derecho constitucional vinculado con la libertad de expresión, reconocido por varios tratados internacionales. Hoy sólo está regulado sólo para el ámbito del Poder Ejecutivo, por un decreto dictado de Néstor Kirchner, de 2003. La última vez que el asunto se debatió en el Congreso fue en 2004. Dos años más tarde, el proyecto que había sido aprobado en Diputados perdió estado parlamentario. Fue después de que, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introdujo cambios inaceptables para los promotores de la idea original.

Si la iniciativa se convirtiera en ley, la norma alcanzaría, además de a los tres poderes del Estado, a empresas y sociedades del Estado, asociaciones empresariales y sindicales que reciban fondos públicos o que tengan participación accionaria del Estado, compañías concesionarias de servicios públicos y fideicomisos formados con recursos estatales.

"El proyecto tiene el respaldo de todos los bloques y significa un acrecentamiento de la participación del pueblo en la cosa pública", dijo el opositor Samuel Cabanchik (Probafe), autor de la iniciativa que sirvió como base del dictamen.

"Una ley de acceso va a hacer que todo el mundo tenga que informar y no sólo el Ejecutivo", dijo el kirchnerista Nicolás Fernández. Los jefes de los bloques del PJ Federal, Adolfo Rodríguez Saá, y de la UCR, Gerardo Morales, celebraron el acuerdo alcanzado con el oficialismo, aunque el radical dejó sentadas diferencias con algunos artículos. La más crítica fue la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro: cuestionó varios artículos y objetó que se hubiera tratado de apuro.

Los artículos que generan más diferencias son los referidos a las excepciones para la entrega de la información, a la estabilidad en el cargo de los directores de la autoridad de aplicación que se creará en cada poder y al procedimiento para denunciar los incumplimientos.

En las ONG que impulsan la ley quedó un sabor agridulce. "Celebramos que se haya votado por unanimidad, pero nos preocupa que la carrera desatada entre ambas cámaras puede reducir la calidad de las iniciativas", dijo Eugenia Braguinsky, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

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