Aunque con fuertes cuestionamientos, la mayoría de las bancadas opositoras acompañaron las iniciativas del Ejecutivo teniendo un puente de colaboración con la administración provincial.

En total, fueron 11 las iniciativas que obtuvieron la media sanción. Entre ellas figuraron los proyectos destinados a la destrucción de las armas de fuego que queden a disposición de la Justicia y la incorporación como prueba de los videos de las cámaras de seguridad y de los registros de llamados al 911.

Además, se aprobaron sendos proyectos de creación de Juzgados de Garantías, de Ejecución Penal y de ayudantes fiscales para los departamentos judiciales “que no sean cabecera departamental”.

La Cámara Alta también trató la prórroga, por seis meses, de la emergencia edilicia del Poder Judicial y la prórroga por el término de un año que autoriza a la Suprema Corte de Justicia a disponer el traslado de los Juzgados de Garantías y los Juzgados Unipersonales de Familia.

En el marco del debate en el recinto, el titular del bloque GEN, Luis Malagamba, señaló que el gobernador se permitió llamar “batería” a una serie de iniciativas que, en verdad, conforman una serie de cuestiones “administrativas”. A su turno, Javier Mor Roig, presidente de la bancada de la CC, cuestionó lo que llamó una “mala costumbre” del gobernador: “Elaborar un proyecto de seguridad mediático”. En esa línea, consideró como “genéricas” las medidas, calificándolas de “post delictuales”.

Si bien las medidas contaron en su gran mayoría con el aval opositor, todos los bloques manifestaron fuertes cuestionamientos a la marcha de las políticas de seguridad en la Provincia.