En el Senado alertaron ayer sobre las facultades que se otorgan al procurador Pablo López Viñals a través del proyecto que envió el gobernador Urtubey a la Legislatura para asignar funciones al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), conocido como policía paralela.
Los opositores Raúl García (Identidad Renovadora) y Silvina Vargas (UCR) votaron en contra, luego de que el resto del cuerpo no admitiera que el CIF sea creado por la ley en tratamiento.
Durante el debate, García y Vargas criticaron al procurador Pablo López Viñals por “arrogarse facultades legislativas” y observaron que el Poder Ejecutivo avaló esa acción.
Advirtieron que el hecho de que una simple resolución se reglamente con una ley crea un “grave precedente” en materia institucional.
En tanto, las observaciones a las facultades que se otorgan a López Viñals fueron planteadas desde el propio bloque del PRS.
El renovador Luis D "Andrea observó que no es conveniente que se deje abierta la posibilidad para que el procurador disponga medidas en aspectos que no están previstos en la ley sancionada anoche.
El legislador apuntó al inciso 4, del artículo 5§ y al artículo 50 de la norma sancionada anoche, que dan lugar a que el procurador apruebe el reglamento interno para regular el funcionamiento del CIF y para que emita instrucciones generales en aspectos que no están previstos en la ley aprobada por el oficialismo en las dos cámaras legislativas.
Se considera que el Poder Ejecutivo tomará nota de ambos planteos al momento de analizar la ley para la promulgación y se espera que ambas facultades sean vetadas.
En tanto, los senadores oficialistas, a través de los titulares de las comisiones de Legislación General y de Justicia, Gustavo Saénz y Jorge Soto, respectivamente, defendieron el proyecto enviado por Urtubey y evitaron introducir modificaciones para que no vuelva a la Cámara de Diputados.
Soto remarcó la importancia de avanzar hacia un sistema acusatorio pleno y defendió la actitud del Ejecutivo en el sentido de asignar funciones por ley a un órgano que ya estaba creado.
Saénz negó que se trate de “una policía paralela” y dijo que “hubo informaciones mal intencionadas” sobre la misión que se asignaba al cuerpo que creó López Viñals.
La senadora Vargas no compartió que se haya “mal informado” y dijo que “era imposible no interpretar al cuerpo como policía paralela cuando a través del artículo 4§ de la resolución 133, se mandaba a hacer tareas de inteligencia cuando no se puede avasallar las libertades individuales”.
Los senadores opositores también objetaron que el CIF se haya creado por resolución, consideraron que “hubo un exceso absoluto” de López Viñals, a quien señalaron de arrogarse facultades legislativas y cuestionaron al oficialismo por no convocar a representantes del Colegio de Abogados.
En este tramo, el titular del bloque del PJ, Alfredo Jorge, dijo que se estudió a conciencia el proyecto, defendió el dictamen de mayoría y dijo que no compartía que “el presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Romani, haya declarado que el Senado no tiene tino para advertir errores” de la ley en tratamiento.
Esta observación fue compartida por García y Vargas, pero insistieron en la importancia de escuchar también a los abogados.



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