Desde 2006 a la fecha, el Sempre ha respondido con 12.500.000 pesos a los tratamientos que ha requerido Baigorria, que en una ocasión recurrió a la justicia para que la obra social y el gobierno provincial le cubriera determinados gastos. En esa ocasión el Sempre cumplió el fallo, pese a que se había opuesto al amparo por considerar que no había "evidencia científica disponible sobre la eficacia y seguridad" para una segunda operación en la rodilla derecha, y cuestionó que en 2004 desde la Fundación de la Hemofilia se lo hubiera estimulado a practicar alpinismo ya que dos años antes había padecido un bloqueo en la rodilla.

"Si esta situación se normalizara no habría problemas porque la obra social pudo afrontar los gastos, pero preocuparía si llegara a persistir en el tiempo -dijo Martínez Almudévar-. Hay épocas en que el paciente no requiere nada, aunque permanentemente debe tener en su casa un stock de entre ocho y diez dosis del medicamento porque puede sangrar ante un simple cepillado de dientes. Para colmo la operación de vesícula se complicó y debió recurrirse a una cirugía tradicional en lugar de la paroscópica".

El gerente recalcó que por su patología el afiliado cuenta con una cobertura del cien por ciento de todos los actos médicos, e insistió en que si bien "hoy por hoy no se desequilibran los números, más allá de que haya sido un cimbronazo, preocuparía si el problema se extendiera en el tiempo porque se trata de un paciente de alto riesgo que bien podría seguir así durante cinco o seis meses".

Ayuda económica.

Martínez Almudévar prefirió no hacer hincapié en la nota que la obra social le envió al gobernador Oscar Mario Jorge informándole del asunto y pidiéndole una ayuda económica, y se limitó a expresar que esa respuesta "se trata más de una decisión política que técnica". Contó que desde el Poder Judicial se han girado fondos de los juegos de azar al Sempre para atender situaciones excepcionales.

El Sempre reconoce la discapacidad de Baigorria -que es un afiliado pleno a partir de haber recibido a una pensión graciable otorgada por el gobierno provincial-, pero según explicó el funcionario, sus afiliados no están comprendidos dentro de la ley nacional 24.901 referida al sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad y, por lo tanto, la obra social no forma parte del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Debido a ella no está obligada a cubrir determinadas prestaciones previstas por la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud de la Nación.

"¿Qué puedo decirle a los afiliados? Que se queden tranquilo, que sus prestaciones no corren riesgo. También digo que si esta situación se prolongara podría demorar el ofrecimiento de nuevas prestaciones a los afiliados, como el turismo social o las cirugías paroscópicas para todas las prácticas. Siempre se trata de dar más, ya se hico con la fertilización, la obesidad y los afiliados celíacos".

¿No hay obligación legal?

El 24 de agosto de 2000, La Pampa -a través de la ministra de Bienestar Social, Marta Elena Cardoso- firmó el convenio de adhesión al sistema único nacional de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que apunta a ayudar a quienes carecieran de "cobertura otorgada por ente, organismo o empresa y que además no contaran con los medios económicos suficientes y adecuados".

Ese acuerdo de adhesión a la ley nacional 24.901 (sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad) fue aprobado por la Cámara de Diputados a través de la ley provincial 1.942, que fue promulgada por el gobernador Rubén Marín en agosto de 2001. La pregunta es sencilla: ¿atento a esa norma, la Provincia no est