Luego de que las partes acordaran prescindir de algunos testimonios con el propósito de que la etapa de debate no se dilate varias semanas más, sólo restan declarar algunas personas, lo cual no demandará más de una o dos jornadas.
Desde el inicio del juicio el jueves 10 de este mes declararon cerca de 50 personas entre personal de Migraciones, profesionales que atendieron a las mujeres rescatadas, testigos que se encontraban en el boliche en el momento del allanamiento, funcionarios municipales, policías y otros. Sin embargo, la jornada más importante fue la del jueves pasado, cuando tres de las jóvenes rescatadas, dos de las cuales eran menores de edad, declararon a través del sistema de videoconferencia. Las mujeres aportaron valiosos testimonios sobre el reclutamiento, el ingreso al país, su paso por nuestra ciudad, las condiciones en las que vivían y el rescate.
Estas declaraciones comprometieron seriamente a cuatro de los principales acusados de facilitar y promocionar la prostitución de menores y mayores. También fue interesante el relato de algunos miembros de la Organización Internacional para las Migraciones, sobre las condiciones de vida de las jóvenes, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban y la asistencia que se les dio tras el rescate.
Ayer finalizaron las audiencias por esta semana, tarea que se retomará el lunes, cuando las partes definan la cantidad de personas que restan declarar, teniendo en cuenta que ambas desistirán de presentar algunos testigos, por lo que se especula que las audiencias no demandarán más de una o dos jornadas.
Cabe recordar que el Tribunal de juzgamiento está integrado por los jueces Guillermo Burrone, Danilo Cuestas y Miguel Gaspari. En tanto que el banquillo de los acusados está ocupado por Juan Julio Lomanto, Sergio Alberto Rocha y Luis Angel Bono, como coautores de trata de menores y mayores y facilitación y promoción de la prostitución de menores y mayores; Rolando Aquino y Nélida Noemí Valente como partícipes necesarios; y por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionarios están acusados Gabriel Romera y Martín Pérez (quienes se desempeñaban como policías) y Darío Fernando Piatti y Ramiro Puig (como funcionarios municipales).
Investigación
La labor de los fiscales que llevaron adelante la investigación (Mario Daniel Gómez, Guillermo Villalba y Karina Póllice) consistió en un agudo e incesante proceso investigativo que comenzó el 23 de mayo de 2007 por una presentación efectuada por concejales de distintos bloques, a raíz de un allanamiento realizado el 3 de abril del mismo año en un local de esparcimiento nocturno denominado Spartakus por parte de personal de Gendarmería Nacional.
Esa diligencia se efectivizó por una orden de allanamiento emanada del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, a cargo de Ramón Claudio Chávez.
En la oportunidad, se detectó la presencia de quince mujeres de nacionalidad paraguaya que se encontraban en el lugar allanado ejerciendo la prostitución -dos de ellas menores de edad-, las que habían sido reclutadas en Ciudad del Este, Paraguay, para luego ser ingresadas ilegalmente a la Argentina con documentación falsa y posteriormente trasladadas a Pergamino, más precisamente al cabaret Spartakus, donde ejercieron la prostitución.
Además se pudo constatar que la mayoría de las mujeres involucradas habían arribado a nuestra ciudad engañadas y con la promesa de otro tipo de trabajo. También se probó que las mismas fueron introducidas de manera ilegal a nuestro país, violando todos los controles migratorios (incluso por este delito ya se habrían dictado condenas en la causa de Misiones).

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