El juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, enfrenta una semana muy compleja.
Se recordará que la Corte Suprema de la Nación dispuso que el juez quilmeño supervise las obras de limpieza del Riachuelo a cargo de la Acumar, organismo que tiene como máximo directivo al secretario de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan José Mussi. La investigación periodística señala que un grupo de empresas que estarían vinculadas con el magistrado habrían obtenido contratos millonarios sin licitación dentro del plan de saneamiento ambiental que el juez Armella debe supervisar en un trabajo elaborado por la Acumar.
Horacio Verbitsky, el periodista que lleva adelante la investigación, sembró dudas sobre la actuación del juez y del secretario Juan José Mussi como así también de una serie de colaboradores de éste.
Como dato clave, aporta los datos de la conformación de una empresa constructora encabezada por el suegro de Armella donde figuran asociados varios de los titulares de las empresas supuestamente beneficiadas. Cabe mencionar que entre las firmas vinculadas aparecen: “Gildin”, “M&T”, “Tierras Provinciales”, “Vial Rogo Constructora”, todas de Ranelagh, barrio residencial de Berazategui donde vive Armella y de donde es oriundo Juan José Mussi.
Además, antes del martes, Armella deberá resolver si interviene o no judicialmente a la empresa Coviares, actualmente concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata, eje de una polémica pública por su reclamo de aumento de los peajes y su resistencia a realizar obras de mejoramiento de la autovía, comprometidas como parte del contrato de la concesión.


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