VALORES. El campo consta de 4.794 hectáreas y cada una estaría valuada en 2.000 dólares, de acuerdo con la investigación.

Una jugosa ganancia de varios millones de dólares con 4.794 hectáreas en el departamento Alberdi acaba de ser frustrada por la Justicia santiagueña, en colaboración con el Ministerio de Justicia y el Registro de la Propiedad.

Los organismos neutralizaron una curiosa operatoria, resuelta al obtener luz verde en el organismo provincial y así incorporar un poder post mórtem a un campo valuado en más de U$S 9.500.000 (cada hectárea costaría U$S 2.000), originalmente propiedad de tres empresarios.

Merced a un oficio en que se habría estampado las supuestas firmas falsas del juez en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, Fernando Curet, y de su secretaria, los cerebros de la banda pretendían apoderarse de las tierras para venderlas automáticamente, según confiaron voceros cercanos a la investigación.

Denuncia

La supuesta estafa se descubrió la semana pasada y se interpuso una denuncia desde el Ministerio de Justicia y el Registro de la Propiedad.

Justamente, hoy su titular, Julio Velarde, se trasladará a la sede de los Tribunales para ratificar la acción Penal ante el juez del Crimen de Primera Nominación, Juan Ignacio Coria Vignolo, y presentar nueva documentación para que se profundice la investigación.

“El ministro de Justicia, Ricardo Daives, nos solicitó que avancemos en la investigación hasta las últimas consecuencias y que colaboremos con la Justicia en todo cuanto esté a nuestro alcance”, manifestó ayer el funcionario a EL LIBERAL.

“Creemos que estamos ante eslabones importantes de la cadena”, reveló Velarde, en alusión a los personajes que hoy están en la mira de la investigación.

Se trata de un complejo proceso que dirige el juez Coria Vignolo, por cuyo despacho arrancará el desfile de los cinco sospechosos aprehendidos la semana pasada. Los detenidos son un agente inmobiliario, un municipal, un cadete, un empleado del Registro de la Propiedad y una mujer que contrató al empleado de mototrámite.

Acusación

Todos serán indagados por supuesta “falsificación de instrumento público calificado y estafa en grado de tentativa”, figura basadas en una maniobra por la que habrían sido fraguadas las firmas del juez Civil Fernando Curet y de su secretaria.

Ante la presunción de que ninguno provea elementos valiosos al expediente, en forma simultánea la Justicia citó a otras 15 personas, a raíz de la presunta falsificación de un oficio que Curet ya aclaró que la firma no es suya.

Ellos son empleados del Juzgado Civil, también del Registro de la Propiedad, abogados y escribanos; luego se hará lo propio con testigos que arribarán de la provincia de Córdoba, por residir en esa geografía el supuesto nuevo propietario del campo.

Por donde se lo mire, el caso rebosa de misterio y el magistrado pretende sumergirse en las profundidades de la causa: no lo convence que todo sea sólo obra de alguno de los detenidos.

Tampoco que el instrumento público haya sido falsificado por fuera de Tribunales, ya que el documento tendría idénticas características de un oficio genuino.