CHOS MALAL (ACHM).- El sindicato de trabajadores judiciales de Neuquén (Sejun) solicitó un jurado de enjuiciamiento para la jueza civil de Chos Malal, Graciela Rossi, a la que acusan de "el ejercicio insoportable de violencia laboral, autoritarismo y toda clase de irregularidades en el ejercicio de la función de magistratura".

Junto con el pedido de jury, el gremio solicitó que "se ordene la inmediata suspensión de la denunciada en el cargo".

Sostiene que los hechos denunciados y la situación que se vive en el juzgado Civil de Chos Malal resulta "claramente verificable por el cúmulo de sumarios internos que la denunciada registra a la fecha".

Sejun indica en la presentación, a la que tuvo acceso "Río Negro", que "todas las actuaciones tienen como causa o bien situaciones de acoso y violencia laboral o bien situaciones de abuso funcional y manejo discrecional de las potestades legalmente atribuidas".

Desde el 2007 se viene denunciando a Rossi por "situaciones de abuso, persecución y violencia para con el personal de su dependencia que se traducía en malos tratos, traslados arbitrarios, asignación de funciones incompatibles con el cargo o la capacidad y sin respeto de la jerarquía respecto de un número más que considerable de funcionarios y empleados del Poder Judicial".

Para el gremio existen en los sumarios administrativos abundantes testimonios respecto de "los malos tratos infligidos por la jueza, a quien tanto funcionarios como empleados sindican de arbitraria, autoritaria y violenta".

A modo ilustrativo indica que se dirige a los empleados como "che inútil", además de "asignarles sobrenombres o motes descalificantes" o "manipularlos a través de amenazas que trasuntan por no renovar el contrato o practicar malos informes".

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en un sumario administrativo iniciado a un trabajador, en el cual el TSJ resolvió "exhortar por última vez a la titular del juzgado civil y a los funcionarios del organismos para que en lo sucesivo observen con mayor celo, atención y diligencia los controles inherentes y adecuados que son debidos para el correcto funcionamiento del juzgado bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes".

El clima laboral ha generado el traslado de al menos diez personas entre empleados y funcionarios.

La situación que se vive en el juzgado civil "generó y genera a la fecha no sólo los trastornos en los empleados bajo su dependencia sino además un cuadro de completa disfuncionalidad institucional", dijo el Sejun.