La iniciativa llegó del bloque unipersonal del Movimiento Obrero, representado por Enrique Castro. El diputado argumentó que los proyectos buscan eliminar el delito y criticó la posición oficial de conformarse con las estadísticas delictuales que manejan.
“Hay que diseñar una política de estado en materia de seguridad, pero desgraciadamente el Gobierno no tiene intenciones de escuchar, negando el problema y por lo tanto no encontrando la solución”, dijo Castro.
El primero de los proyectos apunta a la implementación de la Policía Judicial que fue creada por la Reforma Constitucional del 86 y que tiene su propia ley orgánica la ley 5615.
El segundo propone una combinación de esfuerzos entre los vigilantes de las agencias de seguridad y la policía provincial, como una actitud de emergencia para prevenir delitos. En este proyecto cabe la posibilidad de penalizaciones, mediante investigaciones, en caso de que sucedan delitos que no fueron informados por Agencias de Seguridad que estén trabajando en la zona donde ocurran los ilícitos.
En estas presentaciones de proyectos, surge nuevamente el debate que viene teniendo el gobierno con la intención de implementar la Policía Judicial y que tiene que ver directamente con temas económicos. Por esta falta de estructura, en las presentaciones de Castro también hay propuestas para solventar implementaciones que apunten a disminuir los ilícitos.
“Como proyecto de ley, propongo crear el fondo especial para la Seguridad Provincial, y que atenderá los proyectos especiales que se presenten para hacer prevención y evitar que existan delitos en nuestra provincia. Este fondo estará conformado con parte del fondo llamado 4 por mil que aportan los proveedores mineros, y que hoy se gasta en autos de carrera entre otras cosas, y parte del fondo fiduciario que se creó como acuerdo entre las empresas mineras y el gobierno provincial. Yo prefiero que en lugar de darme monedas para mi club, que me den seguridad y yo llevar a la familia a mi club”, completó Castro.
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