Los procesados por falsificación de documento y fraude a la Administración Pública en grado de tentativa fueron José Luis Yáñez Benítez, y Oscar Vázquez. Por posible participación en el delito de fraude a la Administración Pública se procesó a Julio Chávez. Y por incumplimiento de deberes de funcionario público al ex secretario de Ambiente, Sebastián Varela, al ex titular de la Agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la ex asesora legal durante la gestión de Francisco López Sastre, María Angeles Finetti.

En la resolución el juez decidió dictar falta de mérito sobre quien fuera secretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y determinó la libertad de Vázquez, el único que se encontraba encarcelado en el marco de esta causa desde hace 10 meses.

Entre los considerandos del fallo, el juez hace hincapié en la relación entre Váquez y Yáñez, quienes se habían presentado en el Banco Macro para cobrar 206.659 pesos por unas 3.566 hectáreas de "Finca El Totoral", ubicada en el departamento Rivadavia. Pero en ese momento, Yáñez se hizo pasar por Osvaldo Fernández, con un DNI falsificado. Esto fue detectado por un empleado del banco quien finalmente denunció los hechos quedando ambos detenidos.

Fue entonces que Chávez hizo la denuncia en la Justicia, en tanto él había realizado el proyecto para recibir los fondos para conservar bosques.

El consultor ambiental (quien fuera asesor de los Forestales salteños), había tenido relación con Vázquez en tanto le entregó otras parcelas para hacer los proyectos. Entre ellos de Finca "El Cuchillo", para la cual se iban a destinar 640 mil pesos. En este caso el Ministerio de Ambiente (ya desaparecido), había autorizado el pago de los fondos, pero el Banco no los dio porque faltaba una cuenta a nombre del titular del catastro. En este caso también se habría cometido la irregularidad de hacerse pasar como apoderado de los titulares del catastro, situación que se dio también en finca El Centinela. Esta última fue la única que no ingresó entre los proyectos. Para Medina, Chávez habría tenido al hacer los proyectos "intervención activa en lo que culminara en tentativa de fraude a la Administración Pública".

Falta de controles

Respecto de los ex funcionarios, Medina sostuvo que es claro que no cumplieron sus deberes como tales al faltar los controles pertinentes. Entre ellos, sostuvo, se encuentra el hecho de que en la cédula parcelaria se indicaba en El Totoral que tenía 3200 hectáreas, y el Ministerio aceptó la indicada en el proyecto, de 3566 hectáreas.

El hecho no es menor si se tiene en cuenta que el pago de los fondos de Bosques es por hectárea.