Cinco fueron a la cárcel y todos ellos se desempeñaron durante la gestión del ex gobernador Colazo. El de mayor rango fue el ex ministro Alday, primero de su jerarquía en ir preso desde que se creó la provincia. El único no colacista fue Walter Agüero, ex presidente del IPRA en el gobierno de Manfredotti, condenado a prisión en suspenso. Como contrapartida, no prosperaron causas contra funcionarios actuales y otras que siguen en trámite avanzan muy lentamente.
Sin embargo, en todos los casos la Justicia juzgó y condenó episodios ocurridos entre seis y diez años antes, que involucran a un poder político ya inexistente o desarticulado. Como contrapartida, avanzó muy lentamente en expedientes que se relacionan con autoridades actuales o más cercanas en el tiempo.
Casi todos los ex funcionarios condenados (cinco de seis) pertenecen a la gestión del ex gobernador (y actual senador nacional) Jorge Colazo caracterizada por el gran desorden administrativo y por la enorme cantidad de evidencias halladas a la hora de investigar los desfalcos públicos.
Un dato revelador es que todos estos sentenciados fueron a parar a la cárcel, luego de dos juicios orales realizados en febrero y en octubre del año pasado.
El de mayor rango fue el ex ministro de Deportes y Juventud, Julio Alday, primera autoridad con esa jerarquía que cumple una condena de prisión efectiva en la historia de la provincia. Lo condenaron a tres años y seis meses por “peculado reiterado” en una causa donde se investigó el destino de un adelanto con cargo a rendir por 219 mil 100 pesos.
La lista se completa con el ex Jefe de Despacho del Ministerio de Deportes René Arenas y con el ex director de Administración Financiera, Leonardo Marconi (ligados a la misma causa) y con el ex secretario de Obras Públicas, Pedro Bernal, y el ex subsecretario de la misma Cartera, Jorge Domínguez (ambos ya presos por condenas anteriores) condenados por la sustracción de dos adelantos por 340 mil pesos destinados a obras en el Paso Fronterizo San Sebastián.
El único ex funcionario no colacista condenado en 2011 fue el ex presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) Walter Agüero, quien recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por su vinculación con el famoso “caso del medio palo”.
Actuales no
En cambio, la Justicia sobreseyó este año al actual superministro Guillermo Aramburu, que había sido procesado en primera instancia por la supuesta designación ilegal del director del Servicio Penitenciario, Carlos Devaz. El fallo definitivo lo emitió la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Provincia que también confirmó el sobreseimiento en la causa de la gobernadora Fabiana Ríos, en marzo del año que acaba de finalizar.
El Poder Judicial tampoco halló elementos suficientes para investigar supuestos delitos cometidos en las negociaciones entre el Estado provincial y la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química.
En abril de 2011, la jueza María Cristina Barrionuevo rechazó el requerimiento fiscal y en el mismo pronunciamiento dio por demostrado que las autoridades chinas financiaron el viaje de funcionarios locales al país asiático en 2008, sin que por ello haya quedado encuadrado el delito de “dádivas”, sino como un mero hecho de “cortesía”.
A paso lento
Otros casos de presunta corrupción que vinculan a funcionarios actuales continúan siendo investigados en los diferentes juzgados aunque sin el ritmo o la velocidad que pareciera corresponderles por la trascendencia de los hechos sometidos a juzgamiento.
Un ejemplo de ello es la denuncia pública realizada por el abogado Alejandro de la Riva en mayo del año pasado, que dio cuenta del presunto pago de sobornos de un empresario de Río Grande a funcionarios gubernamentales para destrabar el pago de expedientes con Letras de Tesorería.
En dos videos con cámara oculta subidos a internet, se pudo ver al empresario Oscar Tapia negociando una coima con el ex presidente del IPRA, Adrián Arias (quien habría actuado de intermediario) y luego conversando del mismo tema con su propio abogado.
El juez de Río Grande Eduardo López apenas si llamó, el mes pasado, a declarar a Tapia, aún no indagó a Arias y se empantanó con las pericias ordenadas sobre las filmaciones clandestinas.
A mejor ritmo parece avanzar una causa más reciente, la que involucra al ex ministro de Desarrollo Social Sergio Álvarez con la demora en la compra de cuatro vehículos para personas discapacitadas a pesar de un subsidio enviado por Nación. Álvarez fue echado del cargo a raíz de ese escándalo y la Justicia ya lo indagó.
Por el contrario, aún no ha dado ni un solo paso la causa vinculada con presuntas irregularidades en el trámite de concesión del Puerto Caleta La Misión.
Desde que los ex legisladores de Encuentro Popular Manuel Raimbault, Elida Deheza y Verónica De María realizaron la denuncia en diciembre de 2011, la Fiscalía aún no efectuó el requerimiento de instrucción debido al comienzo de la feria judicial de verano y se aguarda para ello el regreso del jefe de Fiscales, Oscar Fappiano.
El caso Velázquez
Es cierto que la Justicia avanzó el año pasado en una investigación que involucra al ahora ex legislador Luis del Valle Velázquez. Pero ese caso no era por asunto vinculados con su función, sino por el supuesto homicidio preterintencional de un bebé de seis meses, Aron Cano.
En abril, la Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento contra Velázquez, a quien se acusa de haber sacudido al bebé produciéndole lesiones cerebrales que derivaron en su muerte el 7 de octubre de 2010 en el Hospital Regional Ushuaia.
Después, ante el intento fiscal de recaratular el hecho a homicidio simple, la jueza Barrionuevo mantuvo la misma figura.
En este caso la Cámara de Apelaciones le ordenó a la jueza de primera instancia investigar si Velázquez no cometió delito al pagar con fondos públicos el pasaje con el que viajaron a la provincia el bebé y su madre, Pamela Cano.
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