Pedido. La causa judicial comenzó cuando el sucesor de Villareal al frente de la entidad, Félix Woelflin, se hizo cargo en 2003 y detectó una serie de irregularidades que lo llevaron hasta Tribunales.

   A los fines de deslindar responsabilidades, Woelflin pidió que la Justicia investigara a toda la comisión directiva anterior, luego de que Asor fuera intervenida judicialmente para su normalización.

   Según explicó a La Capital el juez Vienna, Asor “trabaja como agente de retención y tiene la obligación por ley y por estatuto de depositar un porcentaje de los honorarios de sus profesionales para el Instituto Becario de la Provincia en la cuenta de la API”.

   La institución factura las prestaciones a las obras sociales por cuenta y orden de los odontólogos y debe retener el 2,5% de sus honorarios. Esos montos deben ser luego ingresados a la cuenta fiscal del órgano recaudador de la provincia.

   Pero una parte de esas retenciones no fue entregada a la API o fue ingresada luego del vencimiento y la deuda por aportes no realizados, intereses y multas llegó a casi 250 mil pesos. La discontinuidad en el depósito de las retenciones comenzó en 1999 y se profundizó durante la crisis de 2001.

   “Está claro que no se cumplió con lo que el estatuto de Asor mandaba y se constató el dolo en el mal manejo de los fondos. El procesamiento alcanza a toda la comisión directiva (Omar Villareal, Silvia Pettinari, Graciela de la Fuente, Vicente Forte, Marta Bordoni y Rodolfo Steeman) ya que las decisiones se tomaban en asamblea”, puntualizó Vienna, y aclaró que los procesados se encuentran en libertad.

Excarcelable. El fallo del juez Vienna es un paso fundamental del proceso judicial que a partir de ahora continuará con la instancia de sentencia, que establece una pena máxima de hasta 6 años, como delito excarcelable.

   También quedará para el fallo definitivo, si es que se establece, la obligatoriedad de reponer los montos que, sumados al pago indebido de una indemnización laboral, ascienden nominalmente a 350 mil pesos. Por lo pronto, Vienna les trabó embargos a los seis integrantes de la ex comisión directiva por 200 mil pesos cada uno.

Un polvorín. Desde 2002, la crisis en la gestión de Asor empezó a recalentarse hasta estallar en abril de ese mismo año con una protesta realizada por los propios odontólogos a raíz de una deuda de 800 mil pesos por prácticas pagadas por el Iapos que no habían llegado a los bolsillos de los profesionales.

   Unas cien personas se congregaron entonces bajo la lluvia. En aquel momento Villareal había acusado al Colegio de Odontólogos de querer desestabilizar al directorio que manejó los hilos de Asor desde 1995. A los pocos días de la manifestación la Justicia intervino la entidad a raíz de las denuncias.