Y la pelea, entonces, pasa por ver quién la gasta y obtiene el rédito por su uso. Hoy esa ventaja la tiene el gobierno central, y no la piensa ceder.

Una lectura más técnica, en cambio, le da argumentos racionales al reclamo provincial. Desde 2003, la ANSeS recibió por la precoparticipación de 15% del Impuesto a las Ganancias $ 104.000 millones, el equivalente a casi todos los fondos que manejaban las AFJP. Si hubiesen recibido ese dinero, podría pensarse que no debería haber distrito con su caja previsional en rojo. Pero nadie pondría las manos en el fuego por esa afirmación.

Borrar el Pacto Fiscal de 1992 implicaría restarle a la ANSeS casi 40% de su fondeo, lo que trasladaría el problema fiscal a la Nación. Pero el Congreso podría discutir una ley que aparte un 5% de los recursos en disputa para crear un ente que financie los desequilibrios previsionales de las provincias e invierta sus excedentes en obras de carácter federal. Es una forma de asegurar que no se reabra una canilla de gasto, y también de no quedar preso de los antojos políticos de la Casa Rosada.