Adolfo Pérez Esquivel.El trabajo de monitoreo de cárceles y comisarías que realizamos desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es como el "aguijón socrático" para motivar la reacción de la sociedad y, fundamentalmente, de las autoridades responsables. La gravedad de la situación no es de ahora, sino que viene de hace muchísimos años.
Lo que hace la Comisión al publicar esto es generar conciencia crítica y reclamar políticas superadoras. Porque la democracia continúa siendo débil si se tortura desde instituciones públicas como el Servicio Penitenciario o la Policía. Y también tiene mucha responsabilidad el Poder Judicial: la mayoría de las personas detenidas están sin condena firme, no se sabe qué pasa con sus causas, no conocen a los jueces o defensores oficiales. Los jueces dan una sentencia y luego no saben qué fue de esa persona dentro de la cárcel; y eso repercute también en la sociedad.
Hay que pensar que las personas detenidas desean insertarse nuevamente en la sociedad, y que las condiciones en las que salen y la posibilidad de no reincidir dependen de su paso por el sistema penitenciario.
El otro tema clave es la educación de las fuerzas de seguridad, de los penitenciarios y de los mismos funcionarios que trabajan en el área. El problema es cómo se utiliza la acción psicológica. Un guardia cárcel ve a un interno como un enemigo al que hay que castigar y que tiene que sufrir en el encierro; no lo ve como otro ser humano que cometió un delito y tiene que cumplir su condena. La sociedad también tiene a veces esa actitud.
Durante la dictadura las fuerzas represivas persiguieron a los opositores políticos, a "los subversivos". Hoy hay otro "enemigo interno", un "otro" peligroso. Yo también soy sobreviviente de eso, así que conozco las cárceles por dentro y por fuera. Y he pasado de todo dentro de la prisión. Y ahora la clave está en los jóvenes, que por ser pobres, por ser morochos, son considerados delincuentes. Incluso está la intención en la Legislatura de bajar la edad de inimputabilidad.
En el informe que presentamos está expresado que el 19,5% de los jóvenes manifestó haber padecido torturas por parte de los asistentes de minoridad. Son tratados como delincuentes y no como víctimas de una sociedad injusta. Esta es la grave diferencia. Se penaliza a los jóvenes en una sociedad que los ha marginado: ¿alguien le preguntó a un chico que vive en la calle cuál es su seguridad?

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