En medio de resistencias propias y ajenas y de una polémica con el Poder Judicial, tres proyectos de ley vinculados a la Justicia y la Seguridad impulsados por el Ejecutivo bonaerense, y cuya sanción fue pedida expresamente por el gobernador Daniel Scioli a los legisladores oficialistas, seguirán "demorados" en la Cámara de Diputados al menos hasta fines del próximo mes. Sólo después de que pasen las elecciones primarias del 14 de agosto las iniciativas podrían tener tratamiento en la Cámara baja, dejaron trascender ayer fuentes de diferentes bancadas.

En ese paquete de proyectos, que ya fueron aprobados por el Senado, hay una iniciativa cuya sanción fue pedida personalmente por Scioli a los titulares de los bloques del FpV en ambas Cámaras, Osvaldo Goicoechea y Raúl Pérez. Pero a pesar del apuro expresado por el Ejecutivo, no fue tratada en la sesión de la semana pasada y recién sería llevada al recinto a fines de agosto. El proyecto dispone la descentralización del Tribunal de Casación Penal bonaerense y la creación de nuevas salas, una medida que despertó fuertes resistencias en la mayoría de los propios jueces de Casación.

Dentro de la batería de proyectos demorados en Diputados, está también el que crea un cupo laboral dentro de la administración pública bonaerense para ex detenidos y otro de reforma del Código de Ejecución Penal para, entre otros aspectos, flexibilizar el régimen de excarcelaciones y adecuar la legislación en esta materia a los tratados internacionales.

CASACION Y RESISTENCIAS

El oficialismo hizo un intento para empujar el tratamiento del proyecto de descentralización de la Casación en la sesión de la semana pasada, pero chocó con la resistencia de la oposición, que le impidió contar con los votos necesarios para llevarlo al recinto sin despacho de las comisiones. Pero el panorama también presentaba complicaciones internas, por las numerosas ausencias de legisladores oficialistas, que algunos adjudicaron al malestar que despertó en un sector del bloque el armado de las listas del Frente para la Victoria, pero que desde la bancada atribuyeron a la campaña electoral.

Como sea, el tratamiento de la iniciativa fue rechazado por los bloques del Gen, la CC, el Pro-Peronismo y la UCR, que ahora exigen que cuente con despacho de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, un tramite que el FpV buscó esquivar para atender los reclamos de Scioli. Así, se demorará más su sanción y se extenderá la polémica con el Poder Judicial. Es que la reforma de ese tribunal disparó, como se dijo, un inmediato rechazo de los jueces de Casación, que transmitieron su postura a legisladores opositores.

APURO VS. OBJECIONES

El apuro del oficialismo también chocó con objeciones de la oposición en el proyecto que busca incluir en el mercado laboral a los liberados del Sistema Penitenciario bonaerense. La intención es que haya un cupo obligatorio en el Estado provincial y en los municipios para que los ex presos de cárceles de la Provincia puedan reinsertarse al trabajo. El proyecto apunta además a hacerse extensivo al sector privado, con beneficios impositivos para las empresas que contraten ex detenidos.

Aunque su tratamiento también estaba previsto para la última sesión, la oposición se abroqueló reclamando que se emita dictamen de la comisión de Legislación General, por lo que se estima que recién llegará al recinto después de las elecciones internas del 14 de agosto, cuando se retome la actividad en Diputados.

El tercer proyecto demorado también cuenta con aprobación del Senado y ataca otro de los temas sensibles en materia de seguridad: las excarcelaciones. La iniciativa plantea modificaciones en la Ley de Ejecución Penal que permiten flexibilizaciones al régimen de prisión preventiva de los reclusos.

De esta forma se adecuaría la legislación bonaerense a los estándares fijados por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas receptadas por la ley nacional nº 24.660. El proyecto propone como ejes esenciales la compatibilización con el régimen nacional de todos los institutos relacionados con la extensión, consistencia o modalidad de cumplimiento de la pena.