Seguridad: fuerte reclamo de los vecinos a la Justicia en el Concejo

Un fuerte reclamo formularon a la Justicia anoche numerosos vecinos en el Concejo Deliberante, manifestando su disconformismo por entender que las leyes actualmente favorecen a los delincuentes, al tiempo que criticaron al intendente municipal, Horacio Tellechea, y al secretario de Seguridad, Daniel Ranzetta, por no haber estado presentes.

La airada protesta tuvo como marco una reunión del cuerpo legislativo en comisión para recibir a los vecinos, quienes una semana atrás habían concurrido a manifestarse a la sesión ordinaria a raíz de la escalada de delitos en la ciudad y Quequén.

Ante la ausencia de representantes del Departamento Ejecutivo y de la Policía, los cuestionamientos se direccionaron hacia los cinco miembros de la Justicia que se hicieron presentes, los cuales en varias oportunidades debieron soportar agravios, pese a la predisposición que mostraron al concurrir y al responder a las preguntas que se les formularon.

Presencias

Junto al presidente del Concejo Deliberante, José Luis Vidal, se ubicó el titular del bloque del Frente para la Victoria, Ricardo Calcabrini -preside la comisión de Seguridad del cuerpo-, integrantes de los diferentes bloques y también lo hicieron los jueces de Cámara, Pablo Noel y Marcela Almeida; la jueza de Garantías, Aída Lehz; el juez de Garantías del Fuero Penal Juvenil, Aldo Rau, y el fiscal subrogante del Juzgado Federal, Juan Portella.

Se estimó que más de 350 vecinos fueron los que asistieron a este encuentro (también hubo gente en la barra) donde los miembros de la Justicia se convirtieron en blancos a los cuales se dispararon críticas, aunque anteriormente se habían descargado severos cuestionamientos al jefe comunal y al secretario de Seguridad. Tanto Tellechea como Ranzetta habían viajado a La Plata para entrevistarse con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

El concejal Calcabrini brindó un informe sobre las medidas adoptadas luego de la visita del propio Casal, el martes pasado, a nuestra ciudad, para después escucharse las exposiciones durante más de dos horas.

En el tramo inicial, el dirigente Martín Orlando reclamó la conformación de los foros y propuso la formación de cuerpos de serenos particulares para los barrios, siendo silbado por entenderse que “hacía política”.

Varios vecinos coincidieron en afirmar que se conocen los nombres de los delincuentes y se pidió que sus fotografías sean exhibidas públicamente, consignando los representantes de la Justicia que si esto ocurriera se caerían elementos de prueba y se impediría el correcto desenvolvimiento de los procesos.

No faltaron otros que acusaron directamente a la Justicia por entender que existía “connivencia” con aquellos que están al margen de la ley.

El tema de las cámaras de seguridad fue puesto sobre el tapete por uno de los integrantes de la empresa Ortiz Perforaciones, que sufrió un importante robo días pasados, al sostenerse que dos cámaras de seguridad de esa zona de Quequén no estaban en funcionamiento.

También se demandó por el caso del joven Vaio, por los robos en un campo y una joven trajo a la sala su situación, denunciando que le fue usurpada su vivienda particular y dio el nombre de un inspector de tránsito.

Una mujer sostuvo que en vez de una alcaidía habría que bregar para que se instalen fábricas y se reduzca la desocupación, fustigó a la presidenta Cristina Fernández porque señala que la inseguridad “es una sensación” e insistió en que se está en presencia de “una connivencia entre el sistema judicial, los políticos y los delincuentes”.

“Al ciudadano común lo cansan. Ustedes llevan al pueblo a la desesperación”, expresó dirigiéndose a los representantes de la Justicia, quienes volvieron a manifestar su deseo de atenderlos en sus respectivos despachos o mantener reuniones periódicas y abrir un canal de diálogo con los vecinos.

La jueza Aída Lehz, que se destacó por su personalidad para responder, pese a las ofensas recibidas, consideró que la crisis actual es producto de la falta de principios y valores, por el marcado consumismo y deterioro en la educación y la falta de trabajo, entre otros aspectos.

“No todas las puertas están cerradas y nuestra intención es la de ayudar”, sostuvo la jueza de Garantías, mientras que Pablo Noel aseguró que “no hay impunidad”, admitió la lentitud de algunos procesos y, explicó que por este motivo, se habilitarán cámaras de casación regionales, como la que funcionará en Mar del Plata y que tendrá competencia en Necochea.

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