El encuentro que se realizó el jueves pasado no conformó. Y pese a que ningún dirigente elevó su voz pública y abiertamente, se supo que hay hechos delictivos que preocupan y que no son dados a conocer.

Tras la reunión que se realizó el jueves pasado en instalaciones municipales para presentar ante integrantes del Consejo de Seguridad al flamante jefe de la Departamental de Azul, comisario inspector Juan Carlos Lazarte, surgieron una serie de interrogantes vinculados con la propia designación del funcionario policial y con la ratificación de autoridades en algunas dependencias donde las denuncias por robos se habrían incrementado en los últimos dos meses.

En primer lugar, el encuentro con Lazarte permitió conocer cuál será la política del jefe policial regional para la ciudad, teniendo en cuenta que lleva cuatro años trabajando en el área de investigaciones local, y saber que no habría cambios inmediatos en las comisarías y subdependencias.

Además, en la reunión se dieron a conocer cifras vinculadas con los fondos que ha insumido el gasto de combustible, la reparación y el equipamiento tecnológico de los patrulleros que cubren la seguridad en Olavarría, con una suma total de 4 millones de pesos desde enero a agosto de este año.

Ese encuentro del jueves pasado no colmó las expectativas generales de quienes asistieron y aún cuando no se hicieron públicos los planteos, trascendió que quedó flotando la sensación de que la seguridad no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado a la luz de la información que manejan los dirigentes barriales, aquellos que conocen en profundidad el llano de la comunidad.

En algún caso se habla de más de treinta robos en un lapso de dos meses, solamente dentro de la jurisdicción de la comisaría Primera y con un llamativo silencio de parte de las autoridades a la hora de dar difusión a esos casos.

Aunque tan preocupante como la supuesta existencia de esos hechos delictivos aparece la opinión de algunos referentes locales que han trabajado en algún momento en materia de seguridad, puntualmente cuando hablan de que las reuniones con jefes policiales se repiten cada vez que hay cambios pero las cuestiones de fondo no se corrigen. En ese sentido, una de las coincidencias a la hora de cuestionar el accionar policial apunta a la ausencia de detenidos ante los delitos, fundamentalmente en cuanto a la zona rural.

Otra cuestión, que se enmarca en el rubro del presupuesto para la seguridad, se relaciona con las bajas que se están produciendo en la flota de móviles policiales a raíz del desgaste y otros inconvenientes mecánicos y la imposibilidad de reponer esa cantidad de vehículos a corto plazo. Cuesta entender, en ese sentido, la demora del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense para sacar a la calle a los veinte patrulleros que se adquirieron desde el Municipio y que siguen esperando que se les coloquen los parabrisas blindados y se haga el trabajo de ploteado para identificarlos.