El juicio oral y público donde debía juzgarse a varios ex funcionarios de la gestión gubernamental de Jorge Colazo por un presunto caso de corrupción ocurrido en 2005 fue suspendido ayer antes de haber comenzado, debido al cambio producido a último momento en la defensa de uno de los acusados.

Se trata de la segunda vez que el mismo proceso debe posponerse: la anterior fue en febrero de este año porque el tribunal no pudo notificar a tiempo a los testigos, la mayoría de los cuales se habían ido de vacaciones.

Como el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, que entiende en el caso, posee una agenda apretada de causas para lo que resta del año (muchas de las cuales tienen personas detenidas y por lo tanto poseen prioridad sobre las demás) la audiencia de ayer se suspendió sin una fecha definida.

El expediente analiza la supuesta sustracción de 200 mil pesos que tenían como destino solventar el viaje de una comitiva de deportistas fueguinos a los Juegos Evita realizados en las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan, entre el 2 y el 20 de octubre de 2005.

Los principales involucrados son el ex ministro de Deportes y Juventud, Julio Alday, y el ex secretario de Contrataciones, Rodrigo Dumé, aunque también están imputadas otras cinco personas: el director de administración financiera de la Cartera de Alday, Javier Marconi, el ex secretario de Despacho del Ministerio, René Arenas y el abogado y ex asesor ministerial Flavio de Mayolas, además de Luciana Cabrera (pareja de Marconi) y Mónica Gimenez, quienes están sospechadas de facilitar sus cuentas bancarias para que se depositara parte del importe sustraído.

El juicio que se frustró en la víspera había causado gran expectativa porque además de la naturaleza de los hechos investigados (corrupción con fondos estatales) se esperaba la declaración de testigos con pasado o presente en la función pública, y la intervención de abogados de alto perfil, como el denunciante del juicio político que terminó en la destitución de Colazo, Alejandro de la Riva (quien defiende a De Mayolas) el ex secretario Legal y Técnico, Raúl Paderne (defiende a Cabrera y a Marconi) y los abogados Félix Santamaría y Mariano Soler (defienden a Dumé y Giménez).

Justamente el episodio que derivó en la postergación del proceso fue que el imputado Arenas desistió de ser defendido por Santamaría en las previas al inicio del juicio.

El letrado explicó ayer que la revocatoria de su defensa obedeció a diferencias con su cliente en la estrategia defensista, si bien se excusó de dar más detalles, amparado en el secreto profesional.

Al parecer Arenas pretende cargar las responsabilidades por el cobro del dinero que debía ser devuelto a una cuenta especial del tesoro en el ex secretario Dumé, quien también es defendido por el estudio de Santamaría.

Además, el ex funcionario habría pretendido incorporar como evidencia una prueba ajena estrictamente el caso y con la que su defensor habría manifestado desacuerdo.

Lo cierto es que ante el cambio de representación letrada, se le ofreció la defensa a un abogado de Río Grande que no habría aceptado y luego a un defensor oficial, que es el que terminó planteando ante el tribunal la imposibilidad de asumir la defensa sin un mínimo conocimiento de las actuaciones.

Ante ello, los jueces Roberto Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón resolvieron diferir el inicio de las audiencias sin fecha fija.

El cambio de defensor originó cierto malestar en el organismo judicial pero el abogado Santamaría se encargó de desmentir cualquier tipo de maniobra o intencionalidad. Aclaró que el pacto entre un abogado y su cliente se basa en la confianza y que cuando ésta se pierde no queda otra opción que la derivación a otro colega, por más inconvenientes que ello genere.

“Uno no prepara este tipo de juicios, con todo lo que significa, para que después provocar que no se haga. No hay nada de eso”, aseguró el letrado.

Según la acusación promovida por el fiscal mayor Guillermo Massimi, el viaje de la delegación fueguina a los Juegos Evita fue solventado con fondos de la Secretaría de Deportes de la Nación. Como la plata no llegaba a tiempo, los ex funcionarios gestionaron un adelanto a Economía que lo concedió a los pocos días. Al juntarse los dos envíos, las autoridades debieron transferir el dinero a una cuenta del tesoro provincial. En cambio, un día antes de que Colazo fuera suspendido del cargo por juicio político, se libraron varios cheques contra esa cuenta que fueron cobrados por los imputados.