Los imputados son Carlos Pato, el cabo Carlos Treuquil, el agente Mario Bevacua y el cabo primero Aníbal Muñoz, a quienes la fiscalía les endilga hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y severidades en carácter de coautores, y el suboficial subinspector Adolfo Carvallo, con similares cargos pero como partícipe necesario.

Cabe recordar que por el mismo hecho en libertad, aunque sometidos a proceso y con prohibición de acercamiento a la familia del chico y a los testigos de la causa están el agente Víctor Ortiz y el sargento primero Sergio Castillo, además del oficial ayudante Bruno Rodríguez y el sargento ayudante Víctor Santibáñez.

La jornada de audiencias de ayer en torno al caso se extendió desde pasadas las ocho de la mañana y hasta casi las dos de la tarde, ya que en deferentes audiencias y con cuartos intermedios en el medio, los abogados defensores privados y públicos de los efectivos policiales intentaron rebatir los argumentos de la querella y la Fiscalía para lograr que los efectivos quedaran en libertad.

En tanto que otra audiencia prevista para ayer fue postergada para hoy a las ocho de la mañana. Se trata de la audiencia en la cual el Ministerio Público Fiscal presentará una imputación en contra del médico policial, Fernando Sajís que revisó a la víctima de estos hechos, por falsedad ideológica, ya que según indicarán los acusadores el médico omitió informar el estado real en el que se encontraba el joven a simple vista golpeado y con heridas que luego constatarían el abuso.

Algunas dudas

Al término de las audiencias el defensor público doctor Sergio Rey, que representa a los padres de la víctima, explicó que “en la jornada de audiencias que se realizó nosotros solicitamos en conjunto con la Fiscalía que se mantenga la prisión preventiva de los imputados que actualmente se encuentran detenidos y que se prorrogue por unos quince días más en los cuales con la Fiscalía trataremos de presentar la acusación”.

Detalló que “luego de extensos alegatos de los defensores, las querellas y la Fiscalía, el Juez García determinó ampliar por quince días más el plazo de investigación, dejando en claro que si la Fiscalía o las querellas presentan la acusación antes de ese tiempo, el aun así determinará dentro de quince días la revisión de la prisión preventiva”.

Consultado acerca de las pruebas que se han reunido, dijo Rey que “hasta el momento tenemos en concreto las cámaras Gesell del menor víctima, de los testigos, hay un testigo menor de edad, otro que estaba privado de la libertad en ese momento. Hay numerosos testigos de la detención del chico, como del presunto hecho de vejaciones y de parte del abuso sexual”.

Además indicó que “tenemos los cruces de los números telefónicos de las personas que están detenidas, y de otras que se encuentran en libertad pero involucradas en el proceso. Y hay otras pruebas como los GPS de los patrulleros, las cámaras de seguridad otras. Los estudios sobre las tonfas y de las prendas de vestir del chico fueron enviadas al doctor Corach, en Buenos Aires, recién en los primeros días de marzo y todavía no está el resultado de estas pericias que tardarán unos cuarenta y cinco días aproximadamente”.

Sin embargo aclaró que “para lo que nosotros intentamos probar en este caso, los elementos con los que se cuentan como por ejemplo las pericias ginecológicas que dan cuenta de las lesiones en el cuerpo del chico producto del abuso, sumado al testimonio de la víctima y de otro testigo más, con otras pruebas que tenemos presentadas, nosotros creemos que ya estaría probada la tortura a la que fue sometido el chico”.

Asimismo el letrado amplió sobre una duda que fue planteada en la audiencia ya que según dijo “yo no estoy en calidad de afirmar que se haya manipulado la información que se almacena en el 101 y en el comando de las cámaras de seguridad, pero si puedo decir como en la audiencia que hay una serie de diligencia que tienen datos que llaman la atención”.

A modo de ejemplo destacó que “de una de las cámaras de seguridad del centro, llama la atención que en el momento en que el menor iba con otro testigo saliendo de un local bailable y pasa por determinado lugar a cierta hora y la imagen está oscura totalmente, pero las imágenes inmediatamente anteriores y posteriores se ven con total nitidez”.

Mesa Evans: “Hay una clara violación de los derechos humanos básicos”

El titular de la Fiscalía de Estado, Blas Mesa Evans, estuvo presente en la audiencia y recordó que “nosotros estamos constituidos como querellantes en nombre del Estado provincial en la causa y estuvimos presentes en virtud de que se iba a revisar la prisión preventiva de los detenidos”.

Explicó que “nosotros en conjunto con la querella que representa a los padres y la Fiscalía sostuvimos que la prisión preventiva debe continuar y sostendremos cuando se vuelva a revisar que los efectivos tienen que estar presos hasta el juicio”.

Señaló que “los imputados están amparados constitucionalmente con la presunción de inocencia pero en el proceso se han acumulado prueba suficiente y así lo evaluó el juez de que existen elementos suficientes con el grado de probabilidad que amerita este punto del proceso para considerar que el hecho se ha producido y que los imputados son los autores del mismo”.

Destacó además que “en la audiencia hablaron el papá y la mamá de la víctima de este hecho aberrante y fue un momento sumamente crudo porque la necesidad de reparación por parte de la justicia en este caso queda demostrada de otra manera al escuchar a los padres de la víctima”.

Y en ese marco aseguró que “yo confío plenamente en el poder Judicial y en todos los estamentos que participan en el proceso. Participamos en este caso por una instrucción clara del gobernador y porque quisimos dejar perfectamente claro que ante un hecho de estas características donde hay una clara violación de los derechos humanos básicos, y en este caso contra un menor, el Estado está del lado de la víctima y no de los funcionarios públicos que han desobedecido su mandato”.

La víctima del abuso deja la ciudad

La hermana del chico que fuera abusado y torturado en la comisaría Segunda de Trelew, Jimena Almonacid, pidió por la seguridad de su hermano y la de su familia. Resaltó que “la causa va muy bien, hasta ahora no tenemos que quejarnos porque creemos que los jueces están haciendo su trabajo. Vinimos a apoyar a mi familia, a mis papás para pedirle al juez que estas personas que violaron y torturaron a mi hermano sigan presos”.

Apostada junto a amigos y vecinos en la puerta de Tribunales mientras se realizaban las audiencias, dijo que “nosotros nunca nos vamos a cansar de pedir justicia y de defender a mi hermano que gracias a dios está vivo y a pesar de todo lo podemos seguir disfrutando, pero no queremos que nos pase como a Julián Antillanca que los policías que lo mataron están ahora libres, porque toda la comunidad sabe que a Julián lo mató la policía”.

Además aseguró que “queremos pedirle a los jueces que estos policías violadores y torturadores de mi hermano queden presos y que el día del juicio queden presos como tienen que quedar”.

Criticó que “en la familia sufrimos acoso todos los días, nos mandan mensajes intimidantes, a mi me quisieron pegar en la calle, nos insultan y nos dicen que es todo mentira, lapidando a mi hermano”.

Y sostuvo en ese marco que “mi hermano y mi mamá se van de la ciudad, se van de viaje por su seguridad, para poder protegerlo, porque no sabemos si sale mañana a la calle y lo matan. Mi hermano no hizo nada, a él lo mataron en vida, mataron en vida a mi familia. Se va por su seguridad, por la seguridad que nadie nos pone”.

Al relatar la odisea de la familia en medio de esta causa, dijo que “a mi hermano lo torturan día a día con las cosas que les dicen en la calle, los familiares de los policías lo acosan día a día, nosotros a mi hermano lo encontramos casi ahorcado, él se quiso matar por todo lo que le dicen. De milagro lo encontramos vivo, él tuvo que dejar de trabajar, de estudiar, tiene miedo a salir de la casa, el no hizo nada”.

Finalmente indicó que “nosotros no queremos esta clase de policía en Trelew, pedimos al gobernador que cambie la seguridad que tenemos hoy en Trelew, queremos tener la ciudad donde nuestros hijos puedan salir a la calle e ir a la escuela sin que los maten”.