Con el apoyo de todas las fuerzas políticas, la intervención a OSM se extendió hasta el 27 de setiembre cuando se hará efectivo el decreto del Poder Ejecutivo que dictó la caducidad del contrato de concesión y la reestatización de la prestadora de servicios.

En tanto, el salvataje financiero propuesto por el gobierno para que la empresa pueda "pagar sueldos" durante los próximos dos meses, como lo reconoció el oficialismo, fue desechado y ahora Jaque deberá echar mano a otra herramienta legal (un decreto) si pretende seguir adelante con la iniciativa.

El "no" del Frente

Es que el interbloque del Frente Cívico Federal finalmente se volcaron por la negativa a aprobar los fondos extras a la empresa y en el arranque del tratamiento legislativo (primero sesionó diputados y luego senadores) le bajaron el pulgar a la idea de Jaque.

Como portavoz del Frente político, el senador radical César Biffi expresó: "Creíamos que la intervención tenía que hacer toda una tarea para mejorar la situación de la empresa. No lo vemos así y creemos que los diez millones de pesos que el Gobierno reclama no necesita de la autorización legislativa".

Con la oposición en pleno en la vereda de enfrente, ya que los gansos habían adelantado que no avalarían el préstamo, el PJ no obtuvo las voluntades necesarias para salir airoso de la Cámara Baja donde el proyecto cosechó 25 votos en contra y solo 20 a favor (contó con el aval del oficialismo, el ARI, el PJ Unipersonal y el Proyecto Independiente Mendoza).

Por su parte Roberto Blanco, de Unidad Popular y Daniel Cassia, del PJ Federal, se abstuvieron.

Contra la intervención

Con un tomo reflexivo y crítico al mismo tiempo, el cobista Luis Petri cargó contra los responsables de la intervención y por extensión al Ejecutivo. "Quién no sabe dónde va, no tiene vientos favorables", reprochó.

La determinación de los opositores encendió a los justicialistas quienes inmediatamente pidieron instrucciones al mandatario provincial y después se aprestaron a batallar en el recinto.

A partir de ahí se inició una guerra de chicanas en la que el oficialismo vertió duras críticas a sus oponentes políticos.

En el comienzo acusaron al presidente de la UCR nacional, Ernesto Sanz y el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo como los responsables de "influenciar" a los legisladores para que no aprueben los fondos.

"Estos personajes de la política que han influido para que no voten -a favor-", gruñó Carlos Bianchinelli jefe del bloque de diputados peronistas.

Contra los cobistas

Acto seguido, le achacaron a la oposición cobista de ser funcional a la empresa privada para obstruir la estatización y luego dirigieron toda la artillería disponible al vicepresidente Julio Cobos en su papel de ex gobernador, y a Francisco Morandini, ex Ministro de Obras Públicas durante esa gestión.

Les endilgaron falta de control sobre OSM y connivencia con el empresariado para mirar a un costado y no controlar.

"Se parece (la relación de Cobos con los empresarios) a una asociación ilícita", tiró Jorge Tanús, presidente de Diputados que en una acción poco usual pidió hacer uso de la palabra como un legislador más.

Ante tales expresiones Jaliff, ex vice en la gobernación de Cobos, les devolvió el golpe: "Si aparecían los 10 millones de pesos no había asociación ilícita. Con qué poco se conforman...".

Para no ser menos, los demócratas también salieron a copar la parada y le enrostraron al PJ y la UCR la falta de capacidad para controlar al concesionario del servicio durante sus gestiones, lo que derivó en "el vaciamiento y derrumbe de la empresa", señaló el diputado Roberto Pradines.

Por último, el ganso defendió la postura del bloque del PD aduciendo que: "el presupuesto de Mendoza no puede financiar el despilfarro de una pésima gestión".