El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, recurrió hoy a la estrategia en la que suele sentirse más cómodo: como cuando creyó ver la comunión de intereses desestabilizadores contra su gestión tras las muertes de Renata Toscano; Sandra Almirón y Ana María Castro, ahora, con el auge de la Inseguridad en los Countries, denunció la existencia de una presunta "interna entre agencias de seguridad".
El funcionario provincial advirtió hoy que hay supuestos delitos en countries que pueden responder a "internas sospechosas entre agencias de seguridad por quedarse con algún barrio" privado y aseveró que "muchas veces nos damos cuenta de que el hecho no ocurrió".
Las declaraciones de Stornelli sobrevinieron a una denuncia de una mujer acerca de que ladrones le habrían robado en su finca de un country del partido bonaerense de Pilar unos 30.000 pesos.
El ministro dijo que los delitos perpetrados en countries o barrios cerrados "no son ni más ni menos de los que ocurren habitualmente" en esos predios y que incluso "hay que investigar adentro" de esos lugares.
Pero Stornelli fue más allá y, en declaraciones a Radio Continental, dijo que "hay casos que están motivados en internas sospechosas entre agencias de seguridad por quedarse con algún barrio", ya que la custodia privada es "un negocio enorme".
"Muchas veces cuando comenzamos a investigar ya nos damos cuenta de que el hecho no ha ocurrido", advirtió el ministro, quien lo comparó como "cuando alguien va al médico con falsos síntomas para que lo autorice a no ir a trabajar".
Como "los cuidados de los barrios (privados) son contratos interesantes, se puede generar el descrédito de una agencia para afectar el servicio" y sacarle el negocio, añadió.
El de la seguridad privada "es un negocio enorme, es un negocio que involucra a más de 100 mil trabajadores, y solamente en el Gran Buenos Aires hay cerca de 500 barrios (privados) para cuidar", sostuvo Stornelli.
El funcionario señaló que "es un negocio enorme que el Estado ha respetado", pero "al ser un negocio privado de interés público el Estado debe estar encima para ver qué servicio le están brindando a la gente".
"Debemos extremar los cuidados para advertir a la gente que está trabajando con una agencia que le da o no el servicio prometido o lo hace de manera deficiente; hay un interés directo del Estado provincial de que la gente esté pagando un servicio adecuado, al menos es nuestro deber informárselo", completó.
En cuanto al caso del supuesto robo a la ciudadana brasileña, trascendió que investigadores sospechaban de la veracidad del caso porque se produjo en un barrio cerrado que cuenta con un sofisticado equipo de seguridad, y personal de vigilancia y de guardia no se percató del robo.
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