Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob), reveló ayer un documento del Ejecutivo que ordenaba la represión y el traslado de los manifestantes hacia sus tierras, para desactivar la protesta. “Este es el plan para evitar que la marcha indígena llegue a La Paz, que lo sepa el pueblo de Bolivia”, aseveró ayer Chávez ante la prensa.

Según el proyecto “de desconcentración” exhibido por el líder guaraní, el Comando de la Policía de Beni asumió la misión de trasladar entre 350 y 400 indígenas desde Yucumo hasta Trinidad, Loreto, Casarabe, San Pedro y San Pablo, usando ómnibus y seis camionetas custodiadas por efectivos policiales. Además, el controvertido documento detalla nombres de comandantes y oficiales de la policía que estaban a cargo de la represión.

Sin embargo, el gobierno atribuyó el informe a un supuesto complot mediático en su contra. Pero la confusión creció cuando Morales advirtió esta semana que él no ordenó la represión y el vicepresidente Alvaro García Linera aseveró que sabía quién tomó la decisión, pero no lo dará a conocer porque hay una investigación en marcha. “No van a encontrar documentos que instruyan que golpeen a las mujeres, que coloquen cintas en la boca de las personas ni que los maltraten. Ni el presidente ni el Ejecutivo emitió esa orden”, agregó García Linera.

Para los pueblos originarios que marchan en repudio a la carretera, los papeles mostrados son “pruebas fehacientes” de que todo se hizo con premeditación y alevosía. Por los incidentes policiales, ya renunciaron la ministra de Defensa María Cecilia Chacón, el ministro de Gobierno Sacha Llorenti y tres funcionarios de menor rango, en la mayor crisis política del gobierno desde el “gasolinazo” de fines del año pasado. Otra vez, un enfrentamiento entre Evo y sus ex aliados.