La asesora letrada Raquel Martínez explicó que “cuando hay un caso de una persona con problemas mentales, se solicita una pericia a especialistas y en el término de 5 días se define qué se recomienda”
“Pero en 3 años que estoy a cargo de la Asesoría Letrada de Río Cuarto, no hubo ninguna orden de internación judicial”, destacó Martínez ante la consulta de PUNTAL sobre la realidad que se vive en la ciudad y la región.
Explicó que “cuando hay un caso de una persona con problemas mentales que puede alterar el orden público, poner en peligro su vida o la de otras personas, llegar a cometer un delito o estar involucrado en uno, se solicita una pericia a especialistas y en el término de 5 días se define qué se recomienda hacer”.
Rápido y sencillo
Martínez recordó que “desde 2008 se estableció un procedimiento rápido y sencillo que habilita a los asesores letrados a pedir una evaluación psiquiátrica y médica de personas que presentan alguna alteración (toxicomanía, alcoholismo, violencia o demencia, por ejemplo) y mientras se realiza se los interna provisoriamente en el sector de Salud Mental que funciona en el viejo Hospital Central o los que tienen obra social en Fundadic, pero como no hay muchas camas disponibles en menos de 72 horas (3 días) ya se debe definir su situación”.
El entredicho entre el Ejecutivo y la Justicia se debió a las críticas por el estado de los centros provinciales de internación de pacientes psiquiátricos en la ciudad de Córdoba, donde los internos dormirían en colchones en el suelo y en condiciones precarias de encierro, lo que llevó a decir a De la Sota que: “Tenemos que hablar un poco con los jueces para que requieran la opinión de especialistas antes de dar la orden de internación. Si no, no hay hospital que alcance”.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, Luis Paoloni, consideró que “el gobernador estaba mal informado. Los jueces estamos sorprendidos por sus dichos porque todas las internaciones psiquiátricas ordenadas por magistrados se hacen siempre con un dictamen previo de médicos especialistas”.
La asesora letrada de los Tribunales locales afirmó que “se trata de evitar la judicialización de personas enfermas, por ello se estableció esta etapa prejurisdiccional que responde también a las leyes de Salud Mental nacionales del 2010, que se basaron en lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, donde el 90 por ciento de los internados en los psiquiátricos no tenían ningún papel que avalara su permanencia allí”.
“En cambio, en la provincia de Córdoba nadie puede estar internado si no ha firmado un consentimiento personal que quiere estar allí, o de un familiar, y en último caso de la Justicia, tras la evaluación correspondiente de los médicos” dijo.
Admitió que “la mayoría de los casos se da con toxicómanos que sus familiares no pueden contener, alcohólicos, violentos y enfermos mentales”.
Comentá la nota