En rigor, esto significa que hay una piscina cada 26,4 viviendas, una cifra muy superior al promedio provincial, que es de un natatorio cada 32 casas. En la provincia de Buenos Aires hay registradas unas 140.000 piscinas.

La legislación vigente estipula que los contribuyentes deben declarar ante el fisco los espejos de agua que superen los 15 metros cuadrados y reúnan determinadas características en su construcción (ser de material o plásticas, tener equipo de bombeo, etc.).

De este tipo se incorporan al catastro provincial, a través de declaraciones juradas (de construcción, ampliación o mejoras) que presentan los contribuyentes y también de fiscalizaciones, unas seis mil piscinas por año.

Aunque el número de piletas que sus propietarios omitieron declarar, y que fueron detectadas satelitalmente por Arba, es superior: desde la asunción de Di Bella –diciembre de 2009- a la fecha, los agentes a su cargo detectaron unas 24.500 piletas sin declarar que en conjunto significan más de 780 mil metros cuadrados que no figuraban en ningún registro.

Piletas “fantasmas”

La información proveniente de la Gerencia General de Fiscalizaciones Masivas asegura que la incorporación de las “piletas fantasmas” al catastro provincial significa un incremento estimado de $200 millones en las bases imponibles que se toman para calcular el impuesto inmobiliario.

Al respecto, Martín Di Bella afirmó que “para detectar construcciones no declaradas trabajamos con información que nos proveen 15 satélites en órbita y un equipo de profesionales (agrimensores, ingenieros, topógrafos) que interpretan esas imágenes y posteriormente realizan las inspecciones en el territorio”.

“En Arba utilizamos la última tecnología a nivel mundial para perfeccionar las acciones de administración tributaria y combatir la evasión”, aseveró.

Según la Ley de Catastro provincial, los propietarios de los inmuebles están obligados a denunciar cualquier modificación que se introduzca en las parcelas de su propiedad, a partir de la presentación de una Declaración Jurada de Avalúo que especifique los metros nuevos, ante el Centro de Atención del organismo más próximo o en la página de Internet www.arba.gov.ar.

La omisión afecta directamente a las arcas del gobierno de Daniel Scioli aunque también perjudica a cada uno de los fiscos municipales donde están emplazadas esas construcciones, ya que la tasa que cobran las distintas localidades se calcula en base a la valuación fiscal de los inmuebles.

“Siempre que se realizan ampliaciones, modificaciones o restauraciones de las viviendas, éstas deben informarse ante la Agencia para que esas mejoras sean incorporadas al catastro provincial”, recordó el economista que conduce Arba.