Ricardo Bussi estaba indignado por el rechazo in limine y unánime de la comisión de Juicio Político al pedido de destitución contra el gobernador, José Alperovich, que presentó siete horas antes. "Es poco serio rechazar un expediente que no se estudió, salvo que pretendan que en siete horas analizaron un texto que invoca dos causales de destitución amparadas en la Constitución provincial y media docena de artículos del Código Penal (CP)", ironizó. En su planteo, Bussi se consideró de suma gravedad el discurso de Alperovich a los 93 delegados comunales, del jueves 19.

Ese día, el mandatario dijo que destinaría $ 20 millones para obras en las comunas. "Tiene que ser la que más nos convenga políticamente, la de mayor impacto político, y debe estar terminada hasta diciembre porque la plata está", había dicho. Según Bussi, Alperovich habría incurrido en la falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. "Los tucumanos le confiaron la administración del erario para que realice obras que convienen a la gente, no a su campaña electoral", precisó. Y señaló que el mandatario habría instigado a los delegados a cometer el delito de Peculado de Servicios. "El artículo 261 del CP lo tipifica para el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Los delegados que le hagan caso incurrirán en él, porque esas obras ya no serán un fin, ni la satisfacción de las necesidades de la comunidad, sino un medio para ganar comicios", argumentó.

"Pero al gobernador ya le es aplicable el artículo 209 del CP, que castiga ’al que instigare a cometer un delito contra persona o institución’", dijo. Agregó que la peor consecuencia de la decisión de la comisión no radica en que el expediente fuera desestimado: "lo grave es que la orden del gobernador para que los delegados comunales incurran en el delito sigue vigente".