Para el Gobierno, la huelga no es legítima. Comienza una protesta de empleados de la sanidad, sin asistencia a los centros asistenciales. La Secretaría de Trabajo desconoce la legalidad de la medida de fuerza.
El secretario de Trabajo de la provincia, Roberto Jiménez, precisó ayer ante la consulta de LA GACETA que, mediante una nota, recibió ayer la consulta del ministro de Salud, Pablo Yedlin, acerca de la validez de la huelga. "También por escrito, le respondimos que ratificábamos en todos sus términos los conceptos de la resolución firmada en agosto del año pasado", puntualizó.
La referida disposición consigna, sustancialmente, que el movimiento autoconvocado no cuenta con personería gremial y, por ello, no puede convocar a la realización de medidas de fuerza.
"Insistimos en la carencia de reconocimiento que tienen los autoconvocados. No pueden ostentar una representación que legalmente no tienen. Carecen de legitimidad para tomar medidas de acción directa", insistió. "Los únicos con esa representación legal son ATSA y AME", aseveró.
El pronunciamiento de la Secretaría de Trabajo, en principio, puede ser empleado por el Siprosa para aplicar sanciones a los que se plieguen al paro total, como el descuento de haberes.
Pedido de respeto
El alperovichismo también objetó políticamente la protesta. "Hay sectores a los que no les interesa el diálogo", disparó Regino Amado, interinamente a cargo de la gobernación.
El presidente subrogante de la Legislatura cuestionó la reunión de referentes del personal de la sanidad con dirigentes sociales y políticos, que derivó el lunes con la conformación de una intersectorial. "Ellos decían que no era política, y se reúnen con referentes de la oposición", cuestionó.
"El paro nos preocupa y nos ocupa para saber cómo dar cobertura médica a tanta gente que la necesita, después de haber creado tanta infraestructura y de haber realizado mejoras en CAPS y en hospitales", aseveró el legislador, pare recalcar que "la cantidad de personal se ha duplicado" con la titularización de empleados del Siprosa.
Amado manifestó que se cumplieron "muchos puntos" del acta firmada entre los manifestantes y el Gobierno en noviembre. Y a pesar de que el Ejecutivo no envió interlocutores al encuentro de la semana pasada convocado por el Arzobispado, el oficialista afirmó: "le fue informando a la Iglesia de los avances". "Algunas cosas había que gestionarlas en la Nación y había que seguir dialogando", agregó.
"Tenemos que ver quienes quieren trabajar y quienes están con la protesta. Respetamos todo lo que puedan hacer dentro de la democracia. Pueden reclamar lo que consideran justo, pero queremos que respeten a los que quieren trabajar", reclamó.
Comentá la nota