Con pasos acelerados de construcción, en estos momentos el edificio ubicado en la intersección de la calle Salta y Av. Pantaleón Gómez ya fue despojado de la media sombra negra que lo cubría y luce la moderna estructura a la vista de todos.

Según los pocos obreros que se encuentran en el lugar dando los “toques finales”, aseguraron que tienen plazos inmediatos de entrega, por lo que en los próximos días ya estaría en condiciones de ser inaugurado.

Donación y polémica

En su origen, la decisión del Poder Ejecutivo levantó polvareda por las suspicacias que generó el hecho que un poder del Estado le “donara” esa suma, cuando el destinatario del millonario monto tiene en su mano varios juicios en los cuales tiene que emitir sentencia sobre su benefactor.

En ese punto, quien puso su voz de alerta de la situación fue el obispo de Formosa, José Vicente Conejero Gallego, quien como medida de reclamo recusó a “todos y cada uno de los magistrados y funcionarios asociados al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Formosa beneficiarios de la obra”.

También por esta misma cuestión, dos ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Ariel Gustavo Coll y la Dra. Arminda Collman (recientemente fallecida), decidieron desafiliarse de la entidad. El Dr. Coll explicó que se desafilió “expresa e indeclinablemente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, en el año 1985 aclarando entre otras cosas que lo hizo por un impedimento ético y funcional para la participación en entidades de esa naturaleza”.

Dinero para la entidad

Como respuesta a la presentación del Obispo y al impacto social que tuvo la noticia en la provincia, la jueza Vanesa Boonman, titular del Colegio en cuestión, expresó que la asignación de fondos públicos para la entidad privada que preside no constituía una “donación” porque fue realizado por el Ministerio de Economía a pedido expreso de su comisión directiva, y que tal aporte es equiparable a las tantas que el Gobierno hace destacando que el dinero no es “para los jueces” sino para la entidad, razón por la cual no son los magistrados los beneficiarios y en modo alguno justifica una “recusación masiva”, expresó en una nota a Radio Uno.

A dieciocho meses de la polémica, el edificio está pronto a ser inaugurado sin que haya surgido efecto las denuncias públicas y en el ámbito judicial para que la obra no se realice.