altA pesar de todas las marchas y contramarchas, se encuentra en su etapa final la construcción del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Formosa.
El "erario público" al que se refería Conejero era un subsidio de más de un millón de pesos que el Poder Ejecutivo otorgó al Colegio de Magistrados para construir su sede social.
El caso que desató el escándalo
El caso en el cual Conejero presentó la recusación es digno de una novela. En 2007, un sacerdote africano, que manejaba una camioneta del Obispado por el interior de Formosa, chocó con un caballo y se quedó en medio del camino.
El comisario Bernardino Velazco fue en su auxilio, pero no divisó la camioneta y la embistió, generando así la muerte del sacerdote africano, que estaba parado atrás de la misma.
Tiempo después, el comisario demandó al Obispado y solicitó una indemnización, basándose en la supuesta imprudencia del sacerdote africano.
En palabras de Conejero, "se trata de un victimario que pretende una indemnización de la víctima fallecida".
A partir del subsidio del estado hacia los magistrados esta situación, asegura el obispo: "origina un legítimo ‘temor de parcialidad’ a favor del Estado aportante y/o de sus funcionarios". La denuncia se justifica en los tratados internacionales y leyes nacionales que establecen como causa de recusación de los jueces "el haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes".
El millón de pesos que el Gobierno cedió para la construcción del Colegio de Magistrados es ese "beneficio de importancia" que recibirían los jueces.
La justificación de la Presidenta del Colegio
La jueza Vanesa Booman expresó que la asignación de fondos públicos para la entidad privada que preside no constituía una "donación" porque fue realizado por el Ministerio de Economía a pedido expreso de su comisión directiva, y que tal aporte es equiparable a las tantas que el Gobierno hace destacando que el dinero no es "para los jueces" sino para la entidad, razón por la cual no son los magistrados los beneficiarios y en modo alguno justifica una "recusación masiva", expresó.
Renuncias
Uno de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Ariel Gustavo Coll salió urgentemente a aclarar que se desafilió expresa e indeclinablemente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, en el año 1985 aclarando entre otras cosas que lo hizo por un impedimento ético y funcional para la participación en entidades de esa naturaleza.
Otra de las Ministras, la Dra. Arminda del Carmen Colman sumó formalmente su renuncia como socia honoraria del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia.
El integrante de la Cámara Civil Dr. José Luis Pignocchi, ya jubilado, en una carta pública expresó que: "esto significaba nada más ni nada menos que el Estado Provincial, uno de nuestros litigantes cotidianos, a quien juzgamos y condenamos o absolvemos en la práctica diaria de nuestra labor, invertiría en una sede social para nosotros, jueces y funcionarios, nada menos que $1.038.335,78".
Apoyo institucional
El apoyo de mayor peso lo tuvo por parte de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), en el marco de su asamblea extraordinaria celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que defendió a sus pares de Formosa, rechazando explícitamente los cuestionamientos que éstos recibieran por el apoyo del Estado formoseño para la construcción de su sede.
En síntesis, a pesar de todas las opiniones a favor o en contra, como también las recusaciones, las renuncias de miembros y las críticas de pares la obra no se detuvo ni un solo minuto y está pronta a terminarse, mientras la justicia formoseña es monitoreada por organismos nacionales e internacionales para observar su desempeño.
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