En muchos casos, las llamadas se realizan con celulares desde instituciones carcelarias de esta y otras provincias En muchos casos, las llamadas se realizan con celulares desde instituciones carcelarias de esta y otras provincias

En numerosas oportunidades Diario UNO publicó en sus páginas casos de secuestros virtuales que tuvieron como víctimas a ciudadanos santafesinos. El debate que se genera, a partir de estos hechos, es en relación a la prevención de los mismos, para lo cual también es necesario establecer ciertas responsabilidades.

En los últimos meses arribaron a la Legislatura provincial dos proyectos diferentes vinculados a este tema. El más reciente pertenece a Héctor Acuña, diputado justicialista, quien presentó un pedido de informes –que se aprobó– acerca del acceso a la telefonía celular en las cárceles santafesinas.

En el mismo, consulta el Ejecutivo si los internos de los institutos carcelarios de la provincia están autorizados a poseer celulares y, si es así, quién es la persona encargada de otorgar tal autorización.

“Necesitamos despejar toda sospecha de complicidad en las cárceles”, señaló Acuña. “Queremos tener un cabal conocimiento de la situación carcelaria, a los fines de trabajar en mayores medidas de seguridad y despejar todas las sospechas que pesan sobre el sistema penitenciario, en cuanto a la complicidad de los agentes con los detenidos”.

“Vemos con preocupación que el Ministerio de Seguridad se ocupa en dar consejos sobre cómo actuar ante un secuestro virtual, pero no en eliminar el uso de celulares en las cárceles”, dijo el legislador provincial.

Por otra parte, también señaló: “Hay que ser respetuosos de los derechos humanos de todos, por ello creo que, en los casos que la Ley autoriza, se debe permitir la comunicación con un teléfono fijo, pero eliminar la posibilidad de teléfonos celulares”.

En el pedido de informes Acuña solicita detalles sobre la autorización de utilización de celulares y/o equipos electrónicos; si dichos elementos obran en poder del interno o son entregados por personal carcelario; cuántos teléfonos públicos hay en cada una de las cárceles de la provincia; si hay un registro de llamadas salientes; y qué datos se cargan en el mismo y tiempo de duración de las llamadas.

“El gobierno debería pensar que es más productivo actuar, mejorando las requisas al ingresar los familiares y allegados de los detenidos y dentro de los pabellones, que dedicarse a dar meros consejos de cómo actuar frente a un secuestro virtual. Lo que necesitamos en este tema es un gobierno que actúe más y declame menos”, señaló el diputado santafesino.

“Alguna vez hay que poner una cuota de equilibrio. No es posible que sigamos en la paradoja que quienes estamos en libertad parecemos presos de quienes están tras las rejas”. “No es posible que los guardia cárceles tengan prohibido quitarles el teléfono a los presos o si un preso se lo olvida le ordenen devolvérselo. Esto es lisa y llanamente una vergüenza”, finalizó.

El pedido de informes del diputado provincial justicialista Héctor Acuña fue acompañado por diferentes bloques de la oposición (expediente 26.094) y aprobado, por unanimidad y sobre tablas, durante la sesión del 12 de julio del presente año de la Cámara de Diputados.

Otra idea

Por su parte, en mayo pasado, el presidente de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, Darío Mascioli, presentó un proyecto de ley para otorgar herramientas legales que permitan prevenir y reprimir este tipo de actividad delictiva, que va de la mano de las modernas herramientas de la comunicación.

En términos generales el principal objetivo de la norma que propuso el diputado para regular el Uso Indebido de la Telefonía Celular en la Comisión de Delitos, es realizar un seguimiento permanente de la problemática del delito vinculado a la comercialización de equipos de telefonía celular y sus componentes, y establecer y/o aconsejar las políticas necesarias en materia de comercialización de equipos de telefonía celular y sus componentes en el territorio de la provincia de Santa Fe, a los fines de evitar su uso indebido para la comisión de delitos.

Entre los ejes de la iniciativa también se preveía concertar convenios y acciones de colaboración mutua con las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular, a los fines de intercambiar información esencial para la prevención y lucha del uso indebido de la telefonía celular en la comisión de delitos.

Además, se consideraba la posibilidad de crear registros con la finalidad de proveer información veraz y oportuna que posibilite contribuir a la identificación de los responsables del uso de los servicios de telecomunicaciones móviles en estos hechos delictivos.

Uno de los puntos en el aspecto preventivo, destacaba la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos del uso indebido de la telefonía celular, tal como se realizó en los últimos meses por parte de los distintos niveles del Estado.

El mismo proyecto refería la urgencia de propender a la protección de la ciudadanía contra el hurto y robo de aparatos de telefonía celular; incrementando de esta manera las acciones preventivas para reforzar la seguridad ciudadana.

Las empresas

Meses atrás, Enrique Font, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana se refirió a la modalidad de los secuestros virtuales y manifestó: “Lo preocupante es que estos delitos están vinculados a incumplimientos de las prestatarias de servicios telefónicos celulares. Hay una ley que obliga a las prestatarias a comercializar chips a personas físicas o jurídicas. Las empresas no pasan a banda negativas los aparatos robados. Llevar adelante esta acción es tecnológicamente muy simple. Y muchas veces, los chips se venden fuera de la ley”.

Consultado sobre qué debe hacer el Estado para evitar esta situación, expresó: “A este problema hay que atacarlo en la raíz. Las prestatarias tienen que cumplir la ley”.