La madre del bebé, Mary Elena Gil Rodríguez, una militante del movimiento de Tupamaros por aquel entonces, presentó la denuncia en 2005, después de años y años de dudas. “Quiero saber la verdad sobre lo que pasó con mi hijo. Me lo llevaron para un control y nunca más lo vi; estaba bien”, había explicado hace cinco años. Ayer Mujica respondió al pedido del fiscal y envió una resolución a la Suprema Corte de Justicia para aclarar que el caso excedía la Ley de Caducidad, que ampara a los crímenes cometidos por la dictadura (1973-1985), ya que la defensa no había podido demostrar que la sustracción del niño estuvo vinculada con el terrorismo de Estado que se vivió en aquella época.

Gil Rodríguez llegó al hospital Pereira Rossell en la mañana del 14 de noviembre de 1973 para dar a luz a su hijo Roberto Luzué Gil. El parto fue normal y, según cuenta, pudo ver a su bebé, lo amamantó y hasta le probó el conjuntito amarillo que le había comprado. Lo tuvo varias horas en sus brazos hasta que las enfermeras se lo llevaron para un control. Nunca más lo volvió a ver. Al otro día le dijeron que había muerto, pero nunca le mostraron el cuerpo ni pudieron enterrarlo.

La ex tupamara contó al diario La República que recién presentó una denuncia en 2005 porque el triunfo electoral del Frente Amplio le dio esperanza y le quitó de encima algunos miedos. La indagatoria preliminar determinó que la partida de defunción del niño era falsa y que los testimonios de los enfermeros y médicos no coinciden. “No está la historia clínica de mi cliente ni del nacimiento de su hijo”, agregó el abogado de Gil Rodríguez, Oscar López Goldaracena, el mismo que investigó los vuelos de la muerte de Buenos Aires a Montevideo.

El de ayer fue el segundo caso que Mujica excluyó de la Ley de Caducidad desde que asumió, el 1º de marzo pasado. El primero lo anunció a las pocas semanas de ocupar el sillón presidencial. En la resolución ordenó continuar con la investigación del caso de Roberto Gomensoro Josman, un profesor de apoyo de la Facultad de Agronomía y militante de izquierda que desapareció en 1973. Su cuerpo fue enterrado sin identificar en un cementerio de Tacuarembó, en el norte de Uruguay, pero un forense que había actuado en el caso guardó el cráneo, lo que permitió que los restos fueran identificados en el año 2000 por peritos forenses. La política de excluir casos de la ley de amnistía comenzó en 2005 con el primer gobierno del Frente Amplio y por decisión del presidente Tabaré Vázquez.