En horas de la mañana de ayer y en el marco de la investigación relacionada a los títulos docentes “truchos”, con el consiguiente cobro ilegal de los haberes por parte de las falsos “educadores”, el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación, doctor Darío Alejandro Alarcón, ordenó que se proceda a cerrar y precintar los accesos a oficinas del Consejo General de Educación, entre otras medidas procesales adoptadas, como el secuestro de documentación.

El magistrado dispuso que tras el desalojo de los empleados que pudieran estar en su interior, se proceda al cierre y precintado de las oficinas Sueldos, Informática y donde funciona el CAD (que sería donde se registran los títulos docentes), y en horas de la siesta, junto al fiscal Julio Carmelo Vidal, el doctor Mariano Abbondándolo (secretario del juzgado), el jefe del Departamento Informática del Poder Judicial y personal policial de la División Delitos Económicos(D6), se constituyó en el Consejo de Educación, donde llevaron a cabo diversos controles y medidas, entre ellas el secuestro de computadoras desde las secciones Sueldos e Informática, en un total de seis, las que ahora serán sometidas a pericias, según indicó el juez en diálogo exclusivo con este Multimedio.

Denuncia de autoridades

Cabe recordar que las actuaciones judiciales se iniciaron en base a la denuncia formulada por las autoridades del Consejo General de Educación, tras haberse detectado irregularidades en cuatro casos puntuales de cobro irregular de haberes (ver nota aparte), aunque los funcionarios judiciales indicaron que existen otros casos que son motivo de investigación, entre ellos algunos que fueron hecho públicos a través de este Multimedio, de los cuales se estarían labrando los correspondientes sumarios administrativos.

Por ahora, sin detenciones

El juez Alarcón indicó a este Multimedio que por ahora no habrá detenciones, pero que se abocarán al análisis de los elementos secuestrados y de la documentación aportada por las autoridades del organismo, y precisó que por el momento aún no hay imputación alguna. La causa ha sido caratulada “Denuncia formulada por Marcela Menini de Barchini por delitos a establecer y en contra de personas a establecer”.

Esa denuncia sería ratificada en las próximas horas, y a partir de allí se citaría a empleados para que brinden testimonios.

Se indicó que se investiga el cobro irregular de haberes docentes por parte de personas que para acceder al cargo presentaron títulos “truchos”, con lo que se habría defraudado al Estado provincial, en algunos desde hace aproximadamente 12 años. También se investiga si existen personas que lograron jubilarse valiéndose de títulos docentes apócrifos, con lo que la estafa también alcanzaría al Estado nacional, más precisamente a la Anses, se indicó.