Organizaciones sociales y gremios alineados con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) lanzarán en los próximos días en Salta una campaña de difusión y apoyo al proyecto de reforma previsional que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 5 de abril. La iniciativa, que presentó la diputada bonaerense Graciela Iturraspe con el acompañamiento de otros legisladores del interbloque de centroizquierda, promueve una plena aplicación del 82% móvil, la restauración de los aportes patronales a los valores que regían hasta 1993 y un régimen de reparto solidario junto a mecanismos para garantizar la universalidad de los beneficios de la seguridad social.

"Hoy el 60% de los trabajadores argentinos está en situación de precariedad laboral, con salarios en negro, contratos basura y pagos con cuasimonedas. Y más dramática aún es la situación de aquellos trabajadores que están desempleados", puntualizó el secretario general de la CTA Salta, Vuenaventura David, al fundar la necesidad del establecimiento de un beneficio universal.

Entre sus puntos, el proyecto que entró al Congreso prevé una jubilación proporcional para los trabajadores desempleados que no hayan reunido los 30 años de aportes. "Quienes alcancen la edad jubilatoria podrán acceder con 10 años de aportes a un beneficio equivalente al 50% del haber mínimo. A partir de dicha base, su jubilación aumentará a razón de 1 punto por año", precisó Laureano Sánchez, directivo salteño de la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de la CTA y de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

Según se anticipó, como parte de la campaña de difusión y apoyo iniciada a nivel nacional, en Salta se realizarán charlas informativas, debates, marchas y otras manifestaciones públicas en las que confluirán ATE, APSADES, UCRA y otros sectores gremiales encolumnados en la CTA junto a organizaciones sociales como Barrios de Pie y AMMAR.

Uno de los ejes fuertes de la campaña apuntará a concientizar a trabajadores en actividad que no se comprometen en las discusiones planteadas en torno del sistema previsional porque las consideran un asunto de interés sólo para jubilados, sin advertir que en tiempos no tan lejanos ellos también pasarán a depender, en el mejor de los casos, de un haber previsional que posiblemente no les alcance para costear alimentos indispensables, remedios ni tratamientos médicos básicos.

Una ley previsional como la que propone el proyecto que ingresó días atrás a la Cámara alta viene siendo reclamada por distintos sectores sociales desde hace 16 años. En una de las últimas acostumbradas marchas de los miércoles, el pasado 7 de abril hubo frente al Congreso más de 10.000 personas reunidas en apoyo al proyecto legislativo.

Y esta vez, junto a los jubilados, se vio a un notable número de trabajadores.

Los puntos centrales de la iniciativa

A la par del cumplimiento efectivo del 82% móvil, como mecanismo de actualización de jubilaciones ajustado al sueldo del trabajador activo de la misma categoría, el proyecto de reforma previsional prevé la modificación de la estructura de gobierno de la ANSES, con trabajadores y jubilados representados junto al Estado en un órgano colegiado a crearse con el nombre de Instituto Nacional de Previsión Social.

El nuevo organismo que asumiría las funciones de la ANSES contaría con 3 representantes de los trabajadores, 3 de los jubilados y pensionados y uno del Estado Nacional.

Otros de los puntos salientes del proyecto consiste en la equiparación del haber mínimo al salario mínimo, lo que implicaría subirlo de $895 a $ 1.500.

La iniciativa también establece la figura de la jubilación proporcional para quienes tengan menos de 30 años de aportes y el otorgamiento de un beneficio universal a todos los mayores de 65 años que no tengan aportes.

Para sostener el sistema los aportes patronales volverían a los valores que regían hasta 1993. Otra fuente de financiamiento del sistema de reparto solidario sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.