Marcelo Medrano pidió condenas por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Solicitó que se los considere de lesa humanidad y en el marco de un genocidio.
Marcelo Medrano, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, brindó ayer un emotivo alegato que recorrió los hechos juzgados y, siempre desde la reconstrucción de las víctimas y testigos que pasaron por las audiencias, intentó justificar cada una de las acusaciones.
Aclaró Medrano que sus pedidos de penas se corresponden sólo a los delitos por los que la Secretaría acusó, es decir privación ilegal de la libertad, torturas, tormentos y asociación ilícita, todo ello para llevar adelante un plan sistemático que se ejecutó gracias a las acciones individuales de cada uno de los imputados.
Entendió que no se encontraron atenuantes en ningún caso aunque sí agravantes como la extensión del daño causado, por tratarse de una fuerza militar destinada a proteger a las personas y por haber sido actos ejecutados de forma sistemática y clandestina, entre otras.
Solicitudes
Los pedidos de penas más altos recayeron para Oscar Reinhold, jefe de Inteligencia de la VI Brigada y para Enrique Olea, jefe del BING 181, para quienes Medrano exigió 20 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (como partícipe en el caso de Olea), aplicación de tormentos y asociación ilícita.
Para José Luera, comandante de la VI Brigada de Montaña, se solicitó la pena de 15 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada en calidad de autor, aplicación de tormentos y asociación ilícita.
Medrano exigió luego 15 años de cárcel para Jorge Eduardo Molina Ezcurra, oficial de Inteligencia; para Hilarión de la Paz Sosa, jefe de sanidad del Batallón de Ingenieros (BING) 181; para Sergio San Martín, oficial de Inteligencia; para Gustavo Viton, jefe del área 5.2.1. con asiento en la Comisaría 24 de Cipolletti, y para Raúl Guglielminetti, personal civil de inteligencia, a quienes acusó como partícipes necesarios por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos. Agregó también el delito de asociación ilícita para Viton y Guglielminetti.
Para Antonio Camarelli, jefe de la Comisaría 24 de Cipolletti, Medrano pidió una pena de 13 años de prisión por el delito de partícipe necesario por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos. Sólo por el primero de los delitos acusó a Miguel Ángel Quiñones, personal de Inteligencia de la Policía de Río Negro, para quien solicitó una pena de 10 años de cárcel.
En tanto, para Enrique Charles Casagrande, subjefe de Inteligencia, y para Máximo Maldonado, subjefe de Inteligencia, Medrano pidió penas de 10 años de cárcel al entender que son culpables del delito de asociación ilícita.
Por último, para Desiderio Penchulef, jefe de la comisaría de Cinco Saltos, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió una pena de 6 años de cárcel por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, en carácter de partícipe necesario.
“Vamos bien encaminados”
Tras el alegato, Luis Genga, una de las víctimas representadas por Medrano, expresó su optimismo sobre el avance del juicio. “Creo que vamos bien encaminados porque las pruebas prácticamente son irrefutables. Aquí han comparecido una cantidad de compañeros que la vivieron, la pasaron malísimo y ninguno dejó de recordar a los otros”, comentó con visible orgullo.
Sostuvo que se sentía “contento de poder estar testimoniando” y remarcó, en sintonía con el planteo de su abogado, que los militares “son juzgados en un juicio limpio”.
Señaló también que no vio arrepentimiento en los acusados, pero aclaró que esta situación no lo afectó. Agregó que, más bien, “los que tendrían que conmoverse son ellos, al verme a mí después de haberme torturado”.
Comentá la nota