El directivo de la empresa estatal explicó que “la tarifa y/o bonificaciones sobre servicios públicos constituye una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, vedada a la Cámara de Diputados, lo que torna a dicha norma en inconstitucional”.

“Evidentemente, el populismo y la demagogia invaden a algunos legisladores y los hacen perder de vista el sentido común, la lógica, el compromiso y la responsabilidad con que deben actuar frente a la comunidad, y sobre todo cuando se trata de intereses económicos y financieros de una empresa de servicios públicos propiedad de los usuarios”. Con esas palabras, el vocal de Secheep, Marcos Verbeek, se refirió a la reciente sanción en la Cámara de Diputados de la ley 6.592, que establece por el término de un año la aplicación de una bonificación del 10 por ciento sobre el valor del kilowatt para el tercer y cuarto rango de los consumos facturados.

La ley aprobada por la Legislatura chaqueña señala en su artículo primero “una bonificación del 10 por ciento del Kwh/mes consumido por los usuarios comprendidos en el tercer y cuarto rango de consumo facturado”. “Esto significa que se verían alcanzados por la bonificación todos los usuarios con un consumo de más de 150 Kw/h, es decir, aquellos que aún al día de la fecha cuentan con tarifa social”, subrayó Verbeek. Al respecto recordó que “la tarifa social comprende a los usuarios de hasta 150 Kw/h con una tolerancia de 50 Kw/h más, es decir, quienes no pasen de 200 Kw/h de consumo”. En el tercer rango –precisó- se encuentran comprendidos aquellos usuarios que tienen más de 150 Kw/h y hasta 250 Kw/h, y en el cuarto los que tienen un consumo de más de 250 Kw/h.

“Secheep fue la única distribuidora eléctrica del país que no aplicó el último incremento del precio mayorista de energía dispuesto por la Resolución 1169/08 de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico –CAMMESA-, del orden del 20 por ciento”, remarcó el directivo.

Asimismo, subrayó que la distribuidora provincial “cuenta con la tarifa eléctrica más baja de todo el país, a excepción de las grandes distribuidoras como EDENOR, EDESUR y EDELAP, por la enrome cantidad de usuarios que estas poseen y las cortas distancias de distribución”.

“Este enorme esfuerzo llevado a cabo por Secheep significó un impacto presupuestario del orden de los 20.000.000 de pesos. Hoy CAMMESA estudia instrumentar un nuevo incremento y nuestros legisladores, que no se han muñido de ninguna información sobre el impacto presupuestario que significaría la consagración de esta iniciativa legislativa, terminan por sancionarla”, lamentó Verbeek.

En ese contexto, insistió en que la norma sancionada “es absolutamente demagógica e irresponsable y significará para Secheep un impacto presupuestario de $967.666,33 por mes, o sea 11.611.996 de pesos por año. Un verdadero disparate que obligará al gobernador a utilizar el veto para impedir su implementación y puesta en vigencia”, anticipó finalmente.