Mediante una resolución que emitió el Juzgado de Garantías Número 1 de Tandil, fechada el 15 de febrero y firmada por el juez José Alberto Moragas, fueron absueltos dos de los socios de la firma Tamberos Unidos: el ex funcionario municipal y provincial, Sebastián Pené y Nelson Renaldo Masson, quienes se desempeñaban como gerentes de la empresa láctea.

El fallo del juez indica textualmente que “se sobresee totalmente a Nelson Renaldo Masson y Juan Sebastián Pené, por los delitos de administración fraudulenta y balance falso”, en la causa que se les seguía tras la denuncia de otro de los integrantes de la sociedad, Julio González.

El juez señaló la existencia de una desavenencia de socios dentro de la firma, que dio origen a reclamos y desacuerdos, situación que originó la denuncia penal. Los restantes socios eran Horacio Alberto Masson, Marcelo Adrián Lanceta, Roberto Miguel Lanceta y Orfel Narciso Tasso.

El magistrado en su resolución comparte los términos de la defensa de Masson y Pené, que patrocinó la abogada Elda Donatelli, donde indica que “no hubo perjuicio económico para González” ni “administración fraudulenta por parte de Pené y Masson”, elementos que consideró acreditados por la pericias contables que la defensa aportó a la causa.

Pero además, el fallo señala que tanto Sebastián Pené como Nelson Masson “no quisieron perjudicar patrimonialmente a González”. Este último había denunciado a los seis socios de la empresa pero la imputación recayó sobre Pené y Masson por ser los gerentes.

Cabe recordar que, paralelamente a esta causa penal, existe una acción civil en el mismo sentido en la que Julio González le reclama a Tamberos una suma de 8 millones de pesos. La sociedad aún está inscripta y es sostenida en todos sus gastos por los socios.

En tanto, también se informó que la Cámara, el 31 de agosto de 2010, revocó la elevación a juicio que dictó el juez Villamarín porque consideró que no había delito económico, de acuerdo a las pericias contables que se hicieron. Los peritajes estuvieron a cargo de la “Unidad de investigación de delitos económicos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires” desde donde se ratificó que González no sufrió perjuicio patrimonial.

De todas maneras, el fallo sería apelado por la fiscalía competente, aunque aún no se informó oficialmente cómo continuará el proceso.