La Justicia retendría desde 2006 un pago de 90 mil euros para realizar un estudio de radiación en el agua de la zona que echaría luz sobre la causa. El diputado provincial de la CC, Walter Martello, presentó un proyecto para declarar la emergencia ambiental.
Según detalló, se trata del Laboratorio USEPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), a quién la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires (actual Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) encargó, en 2006, una evaluación de la situación frente a la posible contaminación con uranio. Una decena de las muestras extraídas excedieron el valor de referencia de 20 microgramos por litro, con un tope que alcanzó los 34,5.
Del total de muestras escrutadas, seis corresponden al predio del Centro Atómico y su lindante barrio La Celia, ambos parte del distrito, y abastece a domicilios particulares más una escuela, otras tres similares se tomaron en Esteban Echeverría. Además, la restante fuente contaminada se halló en una perforación explotada por Aguas Argentinas, ubicada en la zona de la estación de trenes de Tristán Suárez.
Martello calificó como “inadmisible” la situación judicial: “Por no pagar 90 mil euros a un laboratorio español está frenada la causa. Es sólo una parte del genocidio ambiental que está teniendo lugar en la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde las autoridades nacionales, provinciales y municipales están dilatando la adopción de las medidas concretas que exigió la Corte Suprema”, concluyó.

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