De esta manera, el integrante de la Cámara baja provincial, en su rol de legista, consideró que "se corre el riesgo de caer en un Estado autoritario" cuya consecuencia podría ser la intervención de la Corte, deslizando así un reproche al sistema de administración de justicia correntina que se suma a otros tantos que hace tiempo vienen adquiriendo preponderancia en la opinión pública.

"Tenemos que estar atentos a esto y no porque sea Romero Feris el imputado, un ex adversario político, debemos mirar hacia otro lado, porque estamos hablando del Estado de Derecho democrático por el que tanto bregamos", remarcó el constitucionalista.

Se debe recordar que los jueces Juan José Cocchia Breard, Carlos Benítez Meabe y Gustavo Sánchez Mariño, dispusieron el pasado martes 14 resolver recién los planteos de nulidad interpuestos por los abogados de los principales imputados, referidos a diversas cuestiones procesales. Los magistrados no hicieron lugar a los pedidos.

Debido al tiempo transcurrido, dos partícipes secundarios fueron absueltos en la causa Santa Catalina: los funcionarios Jorge Isseta (ex jefe del Servicio Jurídico Permanente de la Comuna) y Alberto Magrán, abogado de la Secretaría de Obras Públicas.

Para Aquino Britos, el estado de inocencia debe ser recuperado una vez transcurridos los plazos previstos por la Ley para la prescripción de una causa, situación que podría haberse plasmado en el caso Santa Catalina y ante lo cual "Romero Feris hizo los planteos correspondientes", resaltó.

"Digo que no se está cumpliendo con la garantía de la doble instancia porque el juez natural de la causa rechazó el pedido de prescripción que presentó Romero Feris, pero cuando él fue hasta un segundo tribunal para solicitar un nuevo fallo al respecto, este tribunal no se pronunció", destacó el letrado.

Resulta importante señalar que estas expresiones son emanadas de un constitucionalista destacado, lo cual representa un nuevo llamado de atención a los procesos judiciales que tienen lugar en la provincia. En este contexto, Aquino Britos indicó que "el juicio oral por Santa Catalina comenzó sin que el Superior Tribunal entendiera en el planteo de prescripción que hizo la defensa; es decir, que podría llegarse a un fallo condenatorio para Romero Feris pero después el Superior podría decir que tenía razón con la prescripción o no, con lo cual habilitaría un planteo ante la Corte".

"MALA" PRAXIS

Con estos detalles, el legista consideró apropiado un marco de reflexión "porque da la impresión que la provincia avanzó mucho en el plano normativo pero no en la praxis, en la aplicación de instituciones que tienen que ver con la garantías al ciudadano", dijo.

Recordó que en el procedimiento penal, "todas las instancias tienen la obligación de hacer un test de convencionalidad; en el caso Romero Feris, esta persona creyó que habían transcurrido los plazos legales y planteó la prescripción, esa prescripción le fue rechazada y cuando quiso que revisara esa decisión porque estaba mal calculado ese plazo, el Tribunal no hizo lugar al recurso y se inició el juicio".

Es aquí donde Aquino Britos basa sus dichos, ya que la prescripción no reconocida a un acusado "puede ser causal de nulidad de cualquier actuación penal", por lo que instó a contemplar las garantías que "en teoría aplicó la Provincia pero que en la praxis da la sensación que no estamos aplicando". En comunicación con Radio Dos, el diputado provincial, en calidad de docente, observó que en la causa Santa Catalina, "se hace caso omiso al Pacto de San José de Costa Rica, con rango constitucional que otorga a un imputado una doble instancia. Se han sitiado las garantías constitucionales", resumió.