También acusan a una diputada provincial, aliada del jefe comunal capitalino, de haber estado en el lugar llevando asistencia a los okupas. Denuncian inseguridad y atropellos. Son más de 300 las familias que coparon los terrenos.
Ayer, las aguas se agitaron aún más cuando una religiosa llegó desde San Cosme para apoyar a los okupas y tratar de calmar a los vecinos que denunciaron una serie de actos de inseguridad en la zona desde la ocupación de los terrenos. La hermana, increpada por los vecinos, terminó por admitir que quienes pretenden quedarse con terrenos en el lugar le dijeron que el intendente de la Capital los mandó a instalarse en el lugar.
Las afirmaciones de la mujer, que los vecinos dicen haber visto ya la pasada semana recorriendo la zona, antes de la ocupación, pusieron en alerta a todo el barrio y sus habitantes aseguran haber identificado durante el fin de semana largo a una diputada provincial del PC, aliada al kirchnerismo local, entregando colchones y bolsas con alimentos a los usurpadores.
Los apoyos externos a los okupas saltan a la vista. Un Chevrolet Corsa blanco, propiedad de una persona de apellido Arreseigor, domiciliada en San Martín al 1600 de Corrientes, y a cuyo nombre figuran varios vehículos Fiat Uno, fue el que trajo al lugar a algunas de las familias que se instalaron precariamente en carpas y que recibieron de parte de quien manejaba este vehículo, elementos para su permanencia en el lugar.
Cuando los vecinos del barrio comenzaron a movilizarse y a reunirse frente a uno de los terrenos ocupados, fueron fotografiados y filmados desde un Ford K de vidrios polarizados, que figura a nombre de una persona que se domicilia en la provincia de Córdoba, y quien dio autorización de manejo a un hombre de nacionalidad paraguaya con domicilio en la calle Nicaragua, de Corrientes.
Los vecinos del barrio Pirayuí denunciaron que durante el fin de semana no sólo sufrieron robos en sus casas y en las calles, sino que además el servicio de transporte se debió levantar porque los usurpadores le cobraban peaje a los colectivos y hasta a los habitantes del lugar, quienes denuncian además que ya se han hecho conexiones clandestinas de luz desde la plaza del barrio hacia las zonas ocupadas y que ayer buscaban los caños de agua potable para también engancharse a ellos.
Las empresas que dicen ser propietarias de los terrenos, y que ya iniciaron acciones legales para lograr el desalojo, son Urbano Bienes Raíces y Guaraní, la primera en conflicto con la Municipalidad de Corrientes por esos terrenos que pretende lotear desde hace un tiempo. La denuncia recayó en el fiscal de instrucción en turno, Buenaventura Duarte, quien ordenó seguridad policial en la zona con la orden de impedir la llegada de nuevos intrusos.
Los asentamientos precarios hasta la tarde de ayer eran tres: el primero en inmediaciones del Puente Negro, el segundo en la continuación de la calle Olmedo y el tercero frente al barrio Pirayuí. Pero los vecinos de la zona señalan numerosos terrenos más como usurpados no siempre por gente de escasos recursos, ya que en algunos casos llegan en autos o camionetas al lugar, lo que denota una posición económica alejada de la pobreza.
Los habitantes del lugar, están convencidos de que “se trata de una estrategia política, aunque no sabemos con qué intenciones. Porque vienen organizados, en vehículos, con herramientas”.
Los okupas en tanto, esperan “que se acerquen las autoridades para que nos apoyen. Somos 300 familias aproximadamente. Estamos censados y somos gente humilde que no tiene dónde vivir. Esto es a causa del problema habitacional que aqueja al país”.
Medida judicial
La jueza de Instrucción, Grabriela Aromí de Sommer, dictó anoche una medida cautelar que ordena a no permitir que más personas se sumen al asentamiento, radicado el fin de semana en terrenos privados del barrio Pirayuí. Esta primera decisión judicial apunta a que la Policía no permita que se alambre ni se construya en la zona, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo orden de desalojo.
Okupas: Bella Vista hizo punta
A fines de mayo, un campo de 88 hectáreas fue usurpado por decenas de familias de Bella Vista, quienes habrían sido alentadas por funcionarios del municipio que administraba Nancy Sand (PJ). La propiedad se la adjudicó una familia de apellido Merello, que radicó la denuncia ante la Justicia. En esa ocasión, una jueza determinó el desalojo inmediato del predio y solicitó la detención de los presuntos usurpadores.
Fuentes judiciales aseguraron que los supuestos encargados de lotear el terreno pasaron de ser testigos sospechosos a imputados. Al parecer, ya se habrían marcado por lo menos 200 lotes, que tendrían hasta las calles demarcadas, algunas de las cuales fueron señalizadas con palos que serían la estructura de las futuras viviendas de los intrusos, publicó el diario La República.
En esa oportunidad, los vecinos también ventilaron nombres de funcionarios municipales o de concejales, quienes fueron sindicados como “promotores de la toma ilegal”, y se señaló a personas de otras localidades como responsables de haber “marcado lotes por pedido de otros intendentes kirchneristas”.
Según los propietarios del campo, en diciembre del 2011, 16 familias usurparon otro terreno, y en el caso también se involucró a concejales del kirchnerismo. Desde la Comuna indicaron se trataba de un predio “totalmente abandonado", aunque la familia Merello aclaró luego que desde 1964 el campo estuvo siempre en actividad, primero con una curtiembre y luego con diferentes arrendatarios.
Además, los Merello dijeron que estaban en condiciones de exhibir certificados de libre deuda, tanto en el orden comunal como en del Registro de la Propiedad Inmueble; con lo cual cayó la segunda teoría de “justificación”de la toma por parte de familias, que había dicho la Municipalidad.
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